Córdoba.- La actualización de las tarifas sólo puede ser convalidada con obras estructurales, pero el actual sistema tiene poco para exhibir enesa materia.

Heredado de la gestión menemista, el sistema de rutas nacionales con peaje hace ocho años que entró en piloto automático. Incluso, llegó al absurdo de operar sin ningún tipo de paraguas legal cuando el Gobierno nacional se demoró más de la cuenta en convalidar, con una resolución, una de las tantas prórrogas al actual contrato que venció a finales de octubre de 2008.

Por si fuera poco, el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) cayó en desgracia luego de que su ex jefe, Claudio Uberti, participara en la travesía aérea que depositó en el país al venezolano Antonini Wilson y su famoso maletín hinchado con 800 mil dólares.

Ahora, ese ente fue absorbido y quedó prácticamente desdibujado bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, donde son mayoría las posturas "anti-peaje". Sin embargo, y luego de duras pujas internas, se impuso la continuidad de un sistema cuyos resultados han sido bastante magros.

Dos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), uno de junio de 2006 y otro de febrero del año pasado, pusieron en tela de juicio las supuestas inversiones en las rutas concesionadas y los controles sobre las obras.

De acuerdo a los contratos de concesión, las empresas sólo gastaron en trabajos de mantenimiento básicos. Según la AGN, los concesionarios anuncian obras que se realizan mucho más allá de los plazos originales o directamente no se hacen. También apuntan a los montos que, dicen los peritos, "muchas veces son incomprobables".

Citan, como ejemplo, que más del 60 por ciento de los costos que declaran las empresas son por "corte de pasto, malezas y limpieza", mientras que apenas 10 por ciento lo destinarían al mantenimiento del asfalto. La ruta 9 en Córdoba es, quizás, un símbolo de la salud del sistema.

Y sin embargo, el esquema camina a su profundización. La actualización de las tarifas, que ciertamente están retrasadas, sólo puede ser convalidada con obras estructurales. Pero la matriz vial del país exhibe casi los mismos caminos troncales que tenía hace 78 años, cuando se sancionó la Ley Nacional de Vialidad en 1932.