Según un estudio realizado por la ONU, los países más contaminantes en 2020 fueron China, EEUU, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Corea del Sur, Arabia Saudita y Canadá. Este dato se desprende del monitoreo anual que realiza este organismo para llevar un registro del avance del calentamiento global y su impacto en la población mundial.

Además de los problemas y variaciones que provoca el cambio climático (CC), este fenómeno incrementa las desigualdades ya existentes entre los diferentes países, pudiendo generar más obstáculos al desarrollo sustentable.

Argentina no figura entre los principales generadores de gases de efecto invernadero (GEI) pero, como la mayoría de las naciones, asumió compromisos para buscar la reducción de estas emisiones y la mejora en los procesos que las involucran.

La encargada de llevar adelante muchos de estos programas era la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), que dependía del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actual Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

Para controlar la gestión de dicha secretaría, la Auditoría General de la Nación (AGN) revisó sus tareas referidas a la implementación, monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación y adaptación nacionales al cumplimiento de los convenios realizados, como la Contribución Nacional Determinada (NDC), presentada por nuestro país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El período analizado fue el comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2022, y los hallazgos expusieron falta de implementación de los principales programas, carencia de indicadores de medición de avances e inconsistencias en los registros.

Falta de implementación

El principal llamado de atención por parte de la AGN fue la falta de implementación efectiva del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC) y de la Estrategia Nacional a Largo Plazo (ENLP). 

Por un lado, el plan sintetiza las políticas del país para limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y generar respuestas coordinadas que se adapten a los territorios, ecosistemas, sectores y comunidades vulnerables frente a los impactos del cambio climático.

Por el otro, la ENLP buscó formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

La ausencia de implementación de estos programas dificulta directamente la posibilidad de evaluar políticas públicas y pérdidas asociadas al cambio climático.

En ese sentido, la AGN también detalló la falta de actualización del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNI-GEI). Esta herramienta recopila, estandariza y valida datos, además de proveer los insumos técnicos necesarios para la toma de decisiones sobre la problemática del cambio climático.

Durante el período auditado, el sistema se había rediseñado en seis líneas estratégicas para recopilar información, y luego alimentar el PNAyMCC y la ENLP, pero la última actualización había sido en 2018, cuando debía hacerse cada dos años.

Por otra parte, la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) no desarrolló el Sistema Nacional de Información de Cambio Climático (SNICC). Es un instrumento para el diagnóstico y desarrollo de planes de respuesta al CC en las diferentes jurisdicciones, ya que permite realizar el seguimiento del avance, cumplimiento y transparencia del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (INGEI) y el monitoreo de medidas de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, vulnerabilidad y fuentes y sumideros de GEI.

Registros poco confiables

Con respecto a los programas y medidas que sí se llevaron a cabo, la AGN expuso falencias en los registros.

Al no implementarse algunos programas, tampoco son confiables los registros que se generan luego.

Por ejemplo, en el Registro Nacional de Mitigación (ReNaMi), que tiene como propósito principal recopilar y organizar la información de los proyectos que disminuyan las emisiones humanas o aumenten la captura de GEI, se observó una disminución del 67% del registro de proyectos activos para promover estas actividades. Según la normativa, el ReNaMi debe articular su información con el SNICC, pero al no implementarse, el equipo de auditoría consideró que no se puede evidenciar si la disminución corresponde a una falta de actualización, o a la propia dinámica del mercado de carbono.

La AGN también calificó de “no confiables” los datos publicados en el Reporte Bienal de Actualización sobre la reducción de las emisiones de GEI de los diferentes sectores. En “Energía para la reducción de emisiones” no se contó con información robusta y consistente para su cuantificación, al igual que en “Transporte” y “Bosque”.

Por último, el Sistema Nacional de Inventario de Gases Efecto Invernadero (SNIGEI) y Monitoreo de Medidas de Mitigación se encontró desactualizado. El informe expuso que la implementación y monitoreo parcial de 3 líneas estratégicas, aunque deberían haber figurado seis.

Personal y presupuesto

Con respecto al personal, la auditoría destacó que es altamente calificado, pero que está constituido casi en su totalidad por una planta contratada “carente de estabilidad, afectando la eficiencia en el desarrollo de las políticas públicas”.

En relación al presupuesto, se verificó una ejecución del 80% en 2019, y del 95% en 2022, y, con respecto a las metas físicas presupuestadas, algunas fueron cumplidas parcialmente y otras superadas.

La AGN determinó que fue un gran cumplimiento y cobertura de metas.

A modo de conclusión, el informe reveló dificultades significativas en la gestión de la crisis climática, y resaltó la necesidad de abordar estos desafíos para garantizar “un desarrollo sostenible y resiliente al clima en Argentina, protegiendo a la población y el medio ambiente de los impactos crecientes del cambio climático”.