La Auditoría General de la Nación (AGN) analizó la gestión ambiental de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADyS) entre los años 2018 y 2021, y observó falencias en las mediciones y controles de estas sustancias peligrosas.

El informe, que se realizó con la participación de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, fue aprobado y publicado este año. Entre los hallazgos más relevantes, la AGN detectó que la vigilancia de sustancias peligrosas en el ambiente no fue la adecuada; no se implementaron programas de monitoreo ni se estableció la Red Nacional de Laboratorios durante el período auditado. Tampoco hubo mediciones de las emisiones de mercurio en el país en los rubros de explotación de gas y cementeras. 

Los Contaminantes Orgánicos Persistentes son sustancias químicas que pueden acumularse en el ambiente y en los alimentos. Son tóxicos y pueden transportarse llegando a lugares donde no se utilizaron. Entre ellos se encuentran los pesticidas, insecticidas organoclorados, el DDT, algunos plaguicidas, el bifenil policlorado (PCB), químicos industriales, dioxinas y furanos, entre otras sustancias, como el mercurio.

Los COP se pueden generar de forma intencional en aplicaciones industriales o agroindustriales, como los plaguicidas. También de forma no intencional, como parte de procesos naturales y/o artificiales como, por ejemplo, la quema de elementos que contengan estas sustancias. Para su control, Argentina adhirió a distintos tratados internacionales, como el Convenio de Basilea, el Convenio de Rotterdam, el Convenio de Estocolmo sobre COP y el Convenio de Minamata sobre Mercurio. En este último se establece que los Productos con Mercurio Añadido (PMA) generan liberaciones cuando son desechados en basurales. 

A pesar de su utilidad industrial y científica, el mercurio es altamente peligroso para el ambiente y la salud humana. “Los PMA son una fuente potencial de emisiones y liberaciones de mercurio relevante en Argentina porque los sistemas de recolección diferenciada para la etapa del posconsumo son deficientes”, reza el informe.

Hallazgos

Según la AGN, la Secretaría de Control y Monitoreo del Ministerio de Ambiente carece de capacidad para controlar de manera efectiva el ciclo de vida de estas sustancias. Por otro lado, falta personal capacitado para los cursos sobre tratamiento de residuos peligrosos, remediaciones ambientales, clasificación y etiquetado de productos químicos, entre otros.

Asimismo, al momento de la auditoría, el organismo de control observó que el programa destinado a la creación de la Red de Monitoreo Ambiental no registraba ejecución presupuestaria en relación al crédito vigente. Esta red tiene como objetivo integrar todas las estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo, tanto públicas como privadas, para constituir un sistema organizado de procesamiento de datos. 

En este punto, la AGN recomendó “ejecutar el presupuesto asignado para la instalación de la Red Federal de Monitoreo y crear el plan nacional de monitoreo, vigilancia y control de sustancias y productos químicos junto al armado de una red de laboratorios ambientales, tal como se plantea desde el 2020 en la Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos”. 

Convenios internacionales y normativa nacional

La AGN detectó varios incumplimientos a tratados internacionales, como la falta de incorporación a la normativa vigente de la regulación de las policlorodibenzo-p-dioxinas y los policlorodibenzofuranos (PCDD/PCDF), compuestos orgánicos peligrosos que tienen efectos negativos sobre la salud humana, incluidos en el Convenio de Estocolmo. Estas sustancias se generan en los procesos de combustión o incineración en presencia de cloro.

También vinculados al Convenio de Estocolmo, el Ministerio no elaboró un plan de identificación a nivel nacional de dichas sustancias para su posterior y adecuado tratamiento o disposición final. En este marco, solo identificó agroquímicos contaminantes orgánicos persistentes en las instalaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

Con respecto a la normativa local, el Ministerio no creó la plataforma digital de trazabilidad para los envases fitosanitarios, incumpliendo con lo dispuesto en la Ley 27.279, que se debe aplicar junto al SENASA.

Además, la AGN auditó el cumplimiento de la Ley Micaela y el cupo laboral por discapacidad, y encontró que solo el 45,37% del personal del Ministerio fue capacitado en materia de género. Por otro lado, el Ministerio presentaba un total de 1,2% de personas con discapacidad contratadas, incumpliendo con la Ley 22.431, que establece un cupo del 4%.

Proteger el ambiente y la salud pública

La gestión adecuada de compuestos orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas, es “prioritaria” y demanda “políticas públicas sólidas”, según remarcó la AGN. En este sentido, la Auditoría señaló que se debe mejorar la vigilancia de la presencia de Contaminantes Orgánicos Persistentes y mercurio en el ambiente. 

Asimismo, el organismo resaltó la necesidad de fortalecer la red de monitoreo ambiental, mejorar la capacidad analítica, establecer estándares y límites de calidad, promover la capacitación técnica y fomentar la participación ciudadana. "Además, es necesario compartir información transparente y accesible de los resultados del monitoreo ambiental”, señala el informe.

La Auditoría subrayó la importancia de prevenir la disposición inadecuada de residuos de mercurio en rellenos sanitarios y basurales, prohibir el vertido de estos residuos en lugares inadecuados, implementar programas de recolección y gestión especializados, promover la educación y la concientización, mejorar las capacitaciones de los trabajadores y fortalecer la fiscalización. “Son medidas clave para prevenir los riesgos asociados al mercurio”, detalla.

“El mercurio que es emitido y liberado a vías directas (agua, aire y suelo) se genera, principalmente, por el consumo de productos con mercurio añadido (PMA). El gran desafío de Argentina es avanzar en la prohibición y comercialización de los PMA y en fortalecer los sistemas integrales de gestión de residuos, incrementando la capacidad de tratamiento y disposición final”, subraya el informe.

Participación ciudadana

La AGN convocó en 2023 a organizaciones de la sociedad civil, referentes de toxicología, del SENASA, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y de organizaciones académicas para conocer la opinión de los sectores involucrados en la gestión de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias químicas en los aspectos de la salud, la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios y la importancia de la eliminación final de los residuos contaminados con estas sustancias peligrosas y plaguicidas obsoletos.