¿Qué son y qué hacen las entidades fiscalizadoras superiores (EFS)? ¿Qué se sabe en general de ellas? ¿Tiene impacto su gestión en nuestra cotidianeidad? En el marco de estos interrogantes, Corporación Acción Ciudadana Colombia, junto con la empresa Reframe it, llevaron adelante el primer estudio regional de percepción ciudadana sobre el rol de las EFS en América Latina y el Caribe.

El director de la asociación, Luis Fernando Velázquez Leal, en diálogo con El Auditor.info, destacó que “conocer el rol y el alcance de las entidades de control es de suma importancia porque estas instituciones son las encargadas de supervisar el uso adecuado de los recursos públicos, es decir, de los recursos de todos los ciudadanos”.

Como adelanta Velázquez, estas entidades son órganos públicos encargados de monitorear las cuentas y la gestión financiera estatal. En la mayoría de los Estados existen instituciones de este tipo, con similares características. En algunos casos incorporan la función de fiscalización y enjuiciamiento, y, en otros, exclusivamente la función fiscalizadora.

Por ejemplo, en nuestro país existen los tribunales de cuentas y auditorías provinciales, la AGCBA y la AGN, todas competentes para fiscalizar.

La iniciativa de este estudio surgió de la búsqueda de la organización civil de mejorar la calidad del control gubernamental y contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre estas entidades, los ciudadanos y otras partes involucradas.

Algunas EFS tienen competencia para fiscalizar, y otras, además, para enjuiciar.

También se sumó el interés de la OLACEFS por conocer la percepción de ciudadanos y partes afines sobre la labor de las EFS y así “potenciar un mayor relacionamiento con distintos actores sociales e institucionales”.

El relevamiento se realizó a través de una plataforma virtual basada en la tecnología SenseMaker, y contó con la participación de 1.057 personas de 16 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

Los participantes pertenecen a diversos sectores, incluyendo empleados del sector público y privado, empresarios, emprendedores, trabajadores independientes, estudiantes, personas dedicadas al hogar y miembros de organizaciones civiles. Se abarcó un amplio rango de edades: desde jóvenes de 18 a 24 años, hasta personas mayores de 65. El 44% son hombres, 54% mujeres y el 2% restante se identificaron como no binarios, otros, o simplemente no respondieron.

La consulta se realizó entre el 15 de octubre de 2023 y el 30 de agosto de 2024, y los resultados obtenidos demostraron que “existe un anhelo por parte de la ciudadanía de contar con instituciones transparentes, eficaces y comprometidas con el bienestar social”.

Resultados y recomendaciones

Acción Ciudadana identificó al desconocimiento general sobre el papel y funciones de las EFS como uno de los desafíos más grandes que estas afrontan. Ante la pregunta de cuál es el rol de las entidades, el 56% de los participantes cree que es vigilar el uso de recursos públicos, el 15% lo asocia con la mejora en la eficiencia de los procesos gubernamentales, y tan sólo el 3% reconoce su contribución a la innovación en el sector público.

A partir de estas respuestas, en el informe se recomienda a los organismos “promover programas educativos y campañas de sensibilización focalizadas en diferentes segmentos de la población”. También se señala la posibilidad de desarrollar acciones mediáticas o directas con los beneficiarios de los servicios auditados, para que se explique, de manera simple y clara, el proceso de fiscalización, su importancia y los resultados concretos que generan.

Con respecto a qué motiva su accionar, se desprende que el 41% de los participantes percibe que las EFS cumplen su función por obligación y sólo el 17% ve su labor motivada por el servicio a la ciudadanía. En línea con esto, el 16% de los encuestados percibe que las decisiones de las EFS son realistas y pragmáticas, pero un 20% las califica de políticas y cautelosas.

Ningún participante reconoció el impacto de las EFS en temas ambientales.

Para desarmar estos prejuicios al respecto de la influencia de intereses políticos o económicos sobre las entidades, AC Colombia recomienda impulsar, cuando sea necesario, los marcos legales que protejan su autonomía presupuestaria y operativa, mostrando a los ciudadanos que sus decisiones sobre los planes de auditoría, la asignación de recursos, la publicación de los resultados de las auditorías y los procesos de selección y nombramiento de los auditores y directivos responden a criterios técnicos.

Por último, en relación al impacto de la gestión de estos órganos públicos, se destacan tres visiones. El 45% de los participantes percibe que la gestión fiscalizadora tiene injerencia sobre lo económico, pero sólo el 21% reconoce el alcance en lo social, mientras que ningún participante reconoció el resultado de la fiscalización sobre los asuntos ambientales.

Para este último punto, la recomendación es comunicar de manera efectiva los resultados de auditoría. Según el informe, es una idea extendida que las auditorías no generan cambios reales, por lo que se propone adoptar estrategias de comunicación, utilizando medios accesibles y comprensibles para el público en general. Por ejemplo, mediante la creación de portales interactivos que permitan la comunicación en doble vía entre los ciudadanos y las EFS. Esto facilita la visualización de manera clara y sencilla de los resultados de las auditorías, destacando el impacto en áreas críticas como salud, educación e infraestructura.

En definitiva, y como propuesta de AC Colombia, es clave involucrar más a la ciudadanía mediante mecanismos de participación, ya que “la confianza de los ciudadanos aumenta cuando sienten que pueden participar activamente en los procesos de fiscalización”.

Luis Velázquez agregó que “al abrir espacios de colaboración entre las entidades de control y los ciudadanos, las EFS pueden mejorar sus niveles de confianza demostrando que su labor es imparcial y orientada al beneficio público”.

El informe sugiere que las entidades podrían promover auditorías participativas en las que la ciudadanía proponga temas a revisar, contribuya con información, pueda denunciar irregularidades y hacer seguimiento a la implementación de las disposiciones, recomendaciones o conclusiones de auditoría.

Al respecto de esto, el director de la asociación resaltó la importancia de “identificar los espacios que brinda el proceso auditor para interactuar con las distintas partes interesadas, de tal manera que puedan contribuir con información útil, pues no siempre las auditorías son infalibles y los ciudadanos pueden informar sobre irregularidades”.

Según el documento, “esto no solo incrementa la transparencia, sino que también fomenta un sentido de corresponsabilidad en la vigilancia de los recursos públicos”.

Velázquez concluyó que al conocer el rol y alcance de las entidades de control “podemos  comprender mejor su labor e interactuar con ellas”, y que esto es un factor esencial para crear y fortalecer los espacios de colaboración para el control social de la gestión del gobierno.