La Oficina Anticorrupcion había dictaminado que debía abstenerse de auditar al Ministerio de Planificación. Pese a que era la segunda de un organismo de control del Gobierno, modificó un convenio para pasarle la concesión al grupo Macri. Así lo revelan varios mails del asesor del ex secretario de Transporte dirigidos a empresarios del sector.

Los más de 20 mil correos electrónicos extraídos por la Justicia de las computadoras de Manuel Vázquez, la mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, muestran, entre otras cosas, cómo se manejó en el 2005 dentro del Gobierno la renovación de la escandalosa concesión del Belgrano Cargas.

Pese a haber respondido en forma directa a Néstor Kirchner, Jaime era controlado de cerca por el ministro de Planificación, Julio De Vido. ¿Cómo? A través de su esposa, Alessandra Minnicelli, a pesar de que en ese momento era síndica adjunta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un órgano de control encargado, entre otras cosas, de revisar los contratos que el Gobierno acuerda con el sector privado. De acuerdo a sus correos, Vázquez dice que Minnicelli confeccionó documentos que luego la SIGEN debía controlar.

El 9 de septiembre de 2005, a las 18.53, Vázquez les envió un correo electrónico a tres gerentes de la empresa SIDECO, del grupo de empresas de Franco Macri: "Estimados. Les envío el archivo anexo con el Acta modificada por la Dra. Alexandra Minnicelli. Un abrazo. Manuel". 

Luego, unas líneas más abajo, el operador de Jaime agrega: "PD. Lo rojo rayado es lo que anula y lo rojo es lo que agrega.

Creo que lamentablemente deberemos trabajar el fin de semana".

El título del mail era "RV: Convenio UF- SIDECO 08-09". A lo que se refiere Vázquez es a un acuerdo de entendimiento entre la Unión Ferroviaria (UF) de José Pedraza y SIDECO. En ese momento, el Gobierno encabezaba las negociaciones para que Franco Macri desembarque en el control del ramal Belgrano Cargas de la mano de capitales chinos. Treinta minutos después del mail de Vázquez, es uno de los abogados del grupo Sideco el que responde: "Pasame tu celular por favor, para poder llamarte luego o mañana, ya que voy a trabajar en este documento y necesitaré hacerte algunas consultas". Vázquez no pierde tiempo y adjunta sus números de contacto.

Un día antes de la intervención de la mujer del ministro de Planificación, uno de los gerentes de IECSA, la empresa que actualmente dirige Angelo Calcaterra, sobrino de Macri que en ese momento formaba parte del grupo SIDECO, es quién le envía un mail a Vázquez con el borrador. Ese documento es el que luego habría terminado en manos de la funcionaria: "Les envío el documento conforme a las modificaciones convenidas".

Voceros del Ministerio de Planificación, consultados por Clarín, aseguraron que "Minnicelli no conoce a Vázquez". En el ámbito kirchnerista se defendió su participación. "Es especialista en derecho administrativo. No hay contrato importante o licitación que no sea revisada por Lali (N.de la R.: así le dicen a Minnicelli). Pasó en Santa Cruz, pasó y pasa acá", explicó a este diario un conocedor del paño devidista y funcionario nacional. En cambio, un experto de una ONG especializada en transparencia pública dijo: "Ella en la SIGEN era una instancia de control, no de consulta. Puede tener intervención pero para eso tiene que abrir un expediente y en este caso no lo hizo". Además, el 8 de octubre de 2003, la Oficina Anticorrupción firmó una resolución en la que resolvió que Minnicelli debía "abstenerse de intervenir en las cuestiones concernientes al área de actuación de su esposo".

Tres días después del intercambio entre Vázquez, y los gerentes, el lunes 12 de septiembre de 2005, la empresa de Macri y la UF llegaron a un acuerdo. El convenio, le otorgó a Franco un período de exclusividad de un año para estudiar la adquisición del 73% del paquete accionario. Los esfuerzos de Vázquez quedaron desiertos: el convenio nunca se puso en práctica. Por deseos de De Vido, se abrió el juego para otras empresas de buena relación con el Gobierno. En abril del 2006, Kirchner firmó el decreto y el Belgrano Cargas quedó en un 82% para los empresarios y un 19% para los sindicatos. El 51% del sector privado quedó en manos de Shima, la empresa de Macri y sus socios chinos.