Sección Opinión

La Auditoría General de la Nación (AGN) es una pieza clave en el dispositivo de lucha contra la corrupción. Su rol ha sido trazado por la Constitución Nacional, la cual pone a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada. Para apuntalar su independencia y evitar su manipulación, se ha previsto que el presidente del organismo sea designado a propuesta del partido político opositor con mayor número de legisladores.

La delicada misión de la AGN obliga a que cualquier cambio en su dinámica esté orientado a reforzar su capacidad de control y a incidir en la prevención y sanción de la corrupción así como en la extensión de la transparencia de los actos públicos.

Por este motivo, debe tenerse en cuenta la preocupación expresada por un grupo de diputados de diversos partidos sobre un intento de modificar y reducir las competencias del presidente de ese organismo de contralor, lo cual afectaría el acceso a los informes de la AGN y debilitaría las facultades del presidente de la AGN, representante de la oposición.

Una de las reglas básicas de la democracia es el funcionamiento de instancias de control con participación de la oposición, y ellas no deben ser manipuladas por el gobierno de turno. En vez de restringir, es necesario, por lo tanto, incrementar la operatividad y la independencia de los cuerpos encargados de auditar el funcionamiento del Estado.

Tomó estado público un intento de restringir la publicación de los informes de la AGN, cuando debe reforzarse la independencia, operatividad y transparencia de los organismos de control.