En un fallo inédito, la Justicia Federal le reconoció a la Auditoría General de la Nación (AGN) legitimidad para hacer presentaciones judiciales cada vez que el Gobierno se resista a brindar información requerida para llevar a cabo los informes de control, una situación que –según afirman fuentes de la AGN– ocurre con bastante frecuencia. El pronunciamiento ocurrió a raíz de que el presidente de la Auditoría, Leandro Despouy, presentó una acción de amparo en marzo pasado por acceso a la información pública ante la negativa del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido a entregarle datos sobre la concesión del Ferrocarril Belgrano Cargas. "No fue cuestionada en ningún momento la legitimación de la AGN para esa presentación, con lo cual es una jurisprudencia muy alentadora, que confirma lo que ya nos había anticipado la propia Comisión Parlamentaria Mixta, que articulemos judicialmente", apuntó Despouy en una reunión del Colegio de Auditores como consta en la versión taquigráfica publicada en la página web de la AGN.

Con este antecedente, la Auditoría planea ahora reclamar por esa misma vía para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) le entregue los informes con respecto a las investigaciones que se realizaron durante el 2009. La Sigen se negó a entregar esos documentos, lo cual provocó un choque entre los dos organismos de contralor. "Desde el mes de marzo estamos pidiendo 300 informes y al momento solo recibimos 14. Esperaremos unos días más, de lo contrario se irá a la Justicia", reveló un funcionario de la AGN a este diario.

Se trata de informes que elaboró la Sigen sobre el funcionamiento de los ministerios de Planificación, Economía, sobre la Unidad Presidencia, la Cancillería y el Indec. 

A través de un comunicado, la semana pasada, el síndico Daniel Reposo desestimó los pedidos y habló de "garantizar el respeto de los principios de protección de datos personales para salvaguardia de los intereses de la sociedad". 

Para Despouy, la actitud de la Sindicatura "no es algo sorprendente". "Ocurre siempre con esta gestión de Gobierno", afirmó. Es por ello que ante la reiterada resistencia que encuentran en distintas dependencias del Ejecutivo para facilitar información, los siete integrantes del Colegio –su presidente Despouy, Alejandro Nieva y Horacio Pernasetti por el radicalismo y Vicente Brusca, Vilma Castillo, Francisco Fernández y Oscar Lamberto en representación del oficialismo– crearon a principio de año un nuevo procedimiento interno que establece que "si transcurridos los diez días de haber comunicado a la Comisión Mixta sobre la negativa de algún organismo auditado a dar información y no hay respuesta, se articulan los mecanismos legales para exigir judicialmente la información". 

En cuanto al dictamen de la Jueza Federal María José Sarmiento, el titular de la Auditoría explicó ante sus pares de la AGN, según consta en las actas de las reuniones, que "fue sobre una situación bien concreta, que es una solicitud de información a raíz de la cual la información que recibimos es que el expediente había desaparecido, y que a raíz de nuestra presentación se realizaría un sumario, y al mismo tiempo se condena al Estado, por las costas, ya que no se habían articulado los mecanismos previamente ni se habían informado en forma adecuada a la Auditoría, que estaban realizando la auditoría sobre el Belgrano Cargas, por la pérdida de esos expedientes".