Córdoba.- Los concejales y tribunos de cuentas capitalinos del juecista Frente Cívico elevaron ayer a la Justicia provincial una denuncia penal para que se investigue si el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, u otros funcionarios municipales incurrieron en delito al no constituir el Fondo de Obras Públicas (FOP), destinado a financiar obras de infraestructura, según dispuso una ordenanza que hizo aprobar el propio intendente en 2008.

La presentación se realizó ante la fiscal de Distrito 2, Turno 1, Mirtha Abad, aunque se descuenta que el estar involucrados funcionarios públicos será derivada al fiscal del Fuero Penal, Económico y Anticorrupción, Hugo Amayusco.

Aún cuando la calificación legal -si es que hay delito- obviamente correrá por cuenta de la fiscalía, los denunciantes interpretan que la omisión de Giacomino puede configurar incumplimiento de sus deberes de funcionario. Esa referencia es porque los fondos del FOP (debía reunir unos 34 millones de pesos al año), provenientes de una sobre tasa impositiva, no fueron a obra pública sino a solventar gatos corrientes, como admitió el Ejecutivo.

La presentación penal no sorprendió a Giacomino, quien volvió a esgrimir en su defensa argumentos que ya utilizó días atrás. Para el intendente, el FOP no se ejecutó porque nunca tuvo reflejo presupuestario. "Es algo que discutiremos en la Justicia", señaló. "El intendente no lo usó y los concejales tampoco lo autorizaron a usarlo", agregó.

Esa lectura choca con la visión de los ediles y tribunos juecistas, para quienes el FOP tenía plena vigencia. "La cuenta se creó y tuvo al menos un movimiento en 2009. El intendente no puede hablar de que no hay reflejo presupuestario cuando la propia norma lo faculta a él a hacer las adecuaciones presupuestarias que se necesiten", replicó la concejala Graciela Villata.

La discusión que ahora aterrizará en sede judicial, ya escribió varios capítulos en el plano administrativo. Para cubrir legalmente el uso del FOP para gastos corrientes, el 27 de octubre pasado Giacomino emitió un decreto a tal efecto, invocando la ordenanza de Administración y Contabilidad. Esa norma faculta a usar los fondos "para atender apremios financieros", pero también exige restituirlos antes de que finalice el ejercicio fiscal en cuestión.

A mediados de diciembre último, el Tribunal de Cuentas le pidió explicaciones sobre el FOP al entonces secretario de Economía, Miguel Pozzolo, citando que, al 30 de junio ese fondo debía tener 20.411.858 pesos, pero sólo registraba un movimiento, de enero, por 331.213 pesos. Pozzolo respondió que había usado los fondos, con el respaldo del decreto antes mencionado, y que estaba en curso en el Concejo Deliberante una iniciativa para suspender el FOP. Por falta de votos, el oficialismo no logró aprobar esa norma en las extraordinarias de diciembre, ni tampoco la semana pasada.

El Tribunal de Cuentas insistió con su pedido de explicaciones al Ejecutivo el 13 de enero pasado y requirió copias de las boletas de depósito en la cuenta del FOP, aunque nunca hubo tal cosa. Para los denunciantes, Giacomino debería haber repuesto los fondos antes del cierre fiscal de 2009; como no lo hizo, recurrieron a la Justicia penal.