El ex comandante general de la Gendarmería Nacional Timar Musumesi, una veintena de ex altos mandos de esa fuerza y funcionarios del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Carlos Menem fueron procesados por presuntas irregularidades en la contratación de equipamientos para esa fuerza.

El juez federal Sergio Torres imputó a los ex oficiales por presuntas irregularidades en contrataciones directas, las cuales tuvieron lugar hace más de 10 años, para la adquisición de diversos equipos, entre ellos una embarcación con trailer valuada en alrededor de 200.000 dólares, gabardina para la confección de chaquetillas, uniformes y birretes.

En su resolución, Torres dictó los procesamientos sin prisión preventiva y con embargos que alcanzan a los 270.000 pesos, en los casos de Musumesi, Juan Cuello, René Prados, Osvaldo Nieto, Eduardo de Juana, Pedro Alvarez, Luis Reales, Jorge Vázquez y Luis Horvath, entre otros.

También fueron imputados Emilio Sacchitella, Mario Zurlo, Héctor Blason, Juan Argañaras, Pedro Lazo, Miguel Natarelli, Luis Garin, Diego Jesús Ortiz, David Vargas, Julio Yebrin, Alfredo Martínez, Edgardo Lopardo, José Viana, Raúl Madrid, Ramón Torres, Luis Sosa y Guillermo Rodríguez.

A todos les endilgó ser "coautores" de la presunta comisión del delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".

La causa se inició el 7 de noviembre de 2001 tras una denuncia del entonces Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA), Manuel Garrido, quien había denunciado el "irregular e infundado recurso a las excepciones previstas por la ley, utilizadas como vía para efectuar contrataciones directas" y no autorizadas.

En su fallo, Torres recordó que un informe de la Auditorían General de la Nación daba cuenta "sobre la actuación de Gendarmería Nacional, en el que se ponen de resalto numerosas irregularidades en contrataciones directas llevadas a cabo entre los años 1997 y 2000".

Las presuntas adquisiciones irregulares serían entre otras una "embarcación con trailer marca FASTER, modelo 1070" -requerida por el entonces director de Logística, comandante Cuello, y valuada en casi 200.000 dólares- , "diez mil metros de tela de gabardina para la confección de chaquetillas del uniforme diario del personal de la fuerza" -por valor de 248.000 pesos- y cinco mil uniformes", estos últimos por 670.000 pesos.

"Las irregularidades en la tramitación de los expedientes tienen relación con que no existía la urgencia necesaria o no se había realizado un estudio de mercado que avalara el motivo de la exclusividad alegada, que permitiera comparar precios y calidades", según Torres.

Luego de ser sobreseídos en octubre de 2007, ahora el juez tuvo en cuenta "las nuevas probanzas colectadas en el legajo", y consideró que "se ha conformado un nuevo cuadro de situación que me ha permitido tener por acreditada la materialidad de los hechos evaluados".

Para el juez, los imputados tenían "el conocimiento necesario de su calidad de funcionario público, de los deberes y obligaciones que de tal carácter emergían y de las implicancias de las operaciones en las que activamente participaban, como la voluntad para llevarlas adelante no obstante su ilicitud".