Publicado: 13-12-2010

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Salta.- Es tan fuerte la vocación y la cultura improvisadora de nuestro país, que cada vez que se plantea un problema de alcance general se recurre al discurso, a la discusión, a la culpabilidad entrecruzada, a la agresión y a la exhumación de viejos antecedentes políticos. Pero, eso sí, a ninguno de los involucrados en la polémica se le ocurre apelar a la ley.

El afrentoso y terrible suceso de Villa Soldati, en el sur de la Capital Federal, que conmovió a todos y dejó un saldo de cuatro muertos comenzó con la invasión del Parque Indoamericano, un terreno de 130 hectáreas que de Parque sólo tiene el nombre por incumplimiento de una ley aprobada en 1966. Esa norma lo erigiría en otro pulmón de la ciudad, pero las obras previstas nunca se hicieron.

Nadie, a ciencia cierta, sabe quiénes tramaron la ocupación del predio. Pero todos discuten. La enemistad entre el gobierno nacional y el de la Capital Federal fue mucho más importante, para unos y otros, que el escenario caótico en que se transformó el sector. Nadie pensó en la ley, como nunca se piensa.

Como una cierta xenofobia mal disimulada empezó a surgir en el análisis de la cuestión, culpando a gente boliviana, paraguaya o peruana por la ocupación, la pelea política ganó cuerpo y virulencia en los umbrales de 2011, el año electoral que será fragoroso.


Una prueba contundente de la estupidez dirigencial argentina la dio la Auditoría General de la Nación, con un informe en el que se señaló que no se cumplen ni por asomo las exigencias vigentes del programa de control migratorio en vigencia. Así fue como en entre 2006 y 2010, unos 560.000 ciudadanos de países del área del Mercosur iniciaron su proceso de radicación en la Argentina, pero el sistema de control legal fronterizo es totalmente permeable y en consecuencia, por falta de seguimiento de cada caso, de cada permiso solicitado, el fenómeno se tornó ya inmanejable. El sistema de la oficina de migraciones, dice la Auditoría, presenta carencias informáticas en 192 de los 234 cruces estipulados. Y tampoco se verifica el destino final de quienes ingresan al país, la inmensa mayoría de los cuales terminan radicados en los cordones urbanos más miserables de Buenos Aires y de Rosario.

Todo eso, a la larga, se convierte en conflicto social de permanente caos y de explosiones violentas como en Villa Soldati. De la ley, sin embargo, nadie habla. Nadie la cumple, y así nos va.