Hay un dictamen del ex ARI Osvaldo López que aconsejaría someter a juicio político a los tres miembros del Tribunal de Cuentas. El otro escrito, que está en manos de los integrantes de la Sala Acusadora, hablaría de seguir adelante pero solamente con uno de ellos. Lo que se evidenciaría en la evaluación que hicieron los tres legisladores es que habrían advertido una ilegalidad en el cobro de salarios por encima del tope que obliga la Constitución. Antes de tratar el asunto de fondo, los parlamentarios deben definir el pedido de recusación que pesa contra su par Manuel Raimbault.

Ushuaia.- La Sala Acusadora de la Legislatura debe evaluar, por estas horas, dos dictámenes en torno al pedido de juicio político contra los miembros del Tribunal de Cuentas de la provincia y definir el próximo 8 de septiembre si corresponde que todos sean acusados o la acusación recaiga solamente sobre uno de sus miembros.

Según trascendidos, desde el ARI y en consecuencia con la presentación que hizo el senador José Martínez, el legislador Osvaldo López entendería que existen razones para que los tres vocales del Tribunal de Cuentas sean sentados en el banquillo de los acusados y se los indague por la actitud ilegal de haber cobrado por encima del tope salarial, cuando ellos son los que deben velar para que esto no ocurra.

En tanto, desde la oposición los legisladores Mónica Urquiza y Ricardo Wilder no compartirían el criterio de López y por ello firmaron otro dictamen, donde entenderían que el juicio político no debería ser contra todos los miembros del Tribunal de Cuentas, aunque no descartan que pueda existir la responsabilidad de uno de ellos.

Los dictámenes de la comisión investigadora tienen carácter de reservados, por lo tanto no trascendieron los argumentos que aconsejan seguir adelante con el juicio político contra los integrantes del organismo que fiscaliza el uso de los recursos públicos por parte de los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Lo que se evidenciaría en la evaluación que hicieron los tres legisladores, es que habrían advertido una ilegalidad en el cobro de salarios por encima del tope que obliga la Constitución, sino es de todos, de al menos uno de ellos.

La recusación

Antes de resolver el fondo de la cuestión, los integrantes de la Sala Acusadora deben determinar si hacen lugar al pedido de recusación que existe contra el legislador Manuel Raimbaul (ex ARI), por entender que el mismo ha prejuzgado, ya que desde que es legislador ha dado manifiesta expresión sobre el tope salarial.

Copias de Diario de Sesiones de la Legislatura, más expresiones públicas en los medios, conforman la prueba de la defensa del Tribunal de Cuentas, para sostener el apartamiento de Raimbault como integrante de la Sala Acusadora, de la que además es presidente.

El apartamiento de Raimbault de la Sala Acusadora no es algo sencillo. Los legisladores deben evaluar de qué manera se lo reemplaza, de prosperar el pedido. Es de destacar que la conformación de ambas salas se determina al inicio de cada período de sesiones ordinarias y no existe mecanismo de reemplazo previsto en la ley que regula la figura del juicio político.

Los pasos a seguir

La Sala Acusadora tiene que definir los pasos a seguir el 8 de septiembre, donde le quedan tres salidas:

- Votar por lo que aconseja el legislador Osvaldo López y someter a juicio político a todos los miembros del Tribunal de Cuentas: contador Luis Caballero, doctor Miguel Longhitano y contador Claudio Ricciutti.

- Votar por lo que aconsejan los legisladores Mónica Urquiza y Ricardo Wilder, en razón de someter a solamente uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas, cuyos datos filiatorios se mantienen en estricta reserva por formar parte del procedimiento, en esta instancia del juicio político.

- Desestimar los dos dictámenes y de esa forma dar por concluido el procedimiento de juicio político que se motorizó con la denuncia que formuló el senador José Martínez.