Publicado: 29-09-2011

Capital Federal.- Analizan pedir el juicio político del juez Fernando Durao, que autorizó una reunión contra lo dispuesto por la Comisión Nacional de Valores.

El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo, confirmó ayer que se iniciarán acciones legales para restituir a los representantes del Estado desplazados de Papel Prensa durante una asamblea "irregular" convocada por los socios privados de la empresa: Clarín y La Nación. Además, anticipó que se está analizando pedir el juicio político contra el juez Fernando Durao, que autorizó la reunión a pesar de lo que había dispuesto la Comisión Nacional de Valores.

"Lo que se va a hacer ahora es iniciar acciones legales y jurídicas para restituir a los representantes del Estado en Papel Prensa, y analizar el pedido de juicio político al juez en lo comercial Fernando Durao, que autorizó la convocatoria a una asamblea cuando había sido desaprobada por la Comisión de Valores", explicó Reposo en una entrevista con la TV Pública.

Según Reposo, que además de ser titular de la SIGEN es el síndico de Papel Prensa, la convocatoria a la asamblea tendría que haber sido avalada por la Comisión de Valores, hecho que no ocurrió, en un proceso que calificó de "irregular". Reposo apuntó directamente al juez Durao por haber dictado una medida cautelar "en tres horas" sin tener competencia, ya que "ni siquiera fue sorteado, vulnerando el Código Procesal Civil, que así lo establece". En tanto en el gobierno apuntan que Durao está vinculado con el apoderado de la compañía, Enrique Pigretti.

Reposo recordó que "el Estado tiene el 27% de Papel Prensa", y que el gran riesgo que se corre es que al anular la representación estatal, los accionistas privados, "Clarín y La Nación destruyan información" que los compromete.

Los representantes del Estado nacional denunciaron severas irregularidades en la administración de la empresa: el sobredimensionamiento de costos, licuación de deudas del grupo Clarín y La Nación, falta de inversiones, ausencia de controles internos dentro de la sociedad, incompatibilidades de los miembros del Consejo de Vigilancia y de los de la Comisión Fiscalizadora y los excesivos salarios gerenciales (por encima de los 100 mil pesos mensuales).

El titular de la SIGEN se refirió además a la existencia de "una deuda" que habrían contraído los accionistas privados en 2001 y que luego "fue licuada en beneficio de ellos y en perjuicio de Papel Prensa" y "del Estado, que está solventando la deuda millonaria contraída por Clarín y La Nación".

En la asamblea del martes pasado Clarín y La Nación no aprobaron la gestión de los tres directores, los dos síndicos y el inspector designados por el gobierno nacional, y los echaron.

Reposo recordó que "quien evalúa la gestión de los directores, síndicos y consejeros de vigilancia" que representan al Estado "es la propia presidenta". "Optaron por desalojarnos, para que no podamos acceder a más información y no lleguemos a la verdad", denunció.

La convocatoria había sido desautorizada por la Comisión Nacional de Valores por no cumplir con la normativa vigente. Clarín y La Nación apelaron la medida y el juez en lo comercial Fernando Durao dictó una resolución a favor de los privados.