Publicado: 27-06-2011
 
Tucumán.- La designación de casi 800 personas en comunas rurales ya está en manos de la Justicia. El radicalismo pretende que se investigue si hubo irregularidades o no en las contrataciones. 

La denuncia pública corrió por cuenta del senador nacional José Cano. El candidato a gobernador por el Acuerdo Cívico y Social afirmó que el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, designó entre el 31 de diciembre de 2010 y el 30 de marzo a 763 agentes como personal contratado en comunas rurales.

Según el informe, de 93 delegaciones, en 40 -36 de estas en el este, sección en la que Jaldo es candidato a legislador en primer término por la lista del Frente para la Victoria- se registraron estos aumentos en la plantilla de personal. "El 96% de los agentes auditados no posee domicilios en las comunas, donde fueron designados", sostuvo el parlamentario nacional. 

En consecuencia, el dirigente radical Ariel García interpuso una denuncia -contra las personas que determine la investigación, dice el texto- para que se establezca si las designaciones obedecieron a objetivos políticos y no de gestión.

"Si estos hechos resultan ciertos, y los agentes contratados no estarían cumpliendo tareas en las comunas asignadas, podríamos estar frente a irregularidades cometidas por funcionarios públicos que podrían configurar delitos contra la administración pública, ya que se estarían desviando fondos del erario provincial para actividades que no hacen a la gestión gubernamental, sino a una finalidad netamente política", argumentó. 

El dirigente opositor solicitó a la Justicia que requiera informes al Ministerio del Interior para que detalle la cantidad de empleados comunales designados entre 2007 y 2010. También, que el Tribunal de Cuentas audite 10 comunas (Delfín Gallo, Estación Aráoz y Tacanas, Garmendia, Las Talas, Los Puestos, Ranchillos, Raco, Las Cejas, San Andrés y Taco Ralo) para determinar si las personas designadas tienen domicilio legal en esas delegaciones rurales.