Publicado: 08-06-2010
 
El caso Funsal mezcla torpeza con especulación política: Yedlin dijo que no autorizó los cursos, pero firmó el convenio y avaló el pago de $ 800.000.

Tucumán.- Lo que alarma es la torpeza. Porque, en definitiva, Yedlin tiene razón: no se llegó a pagar un centavo a la Fundación Salud. Pero lo que el ministro no aclara es que ese no es un mérito suyo. Por el contrario, fueron sus errores los que podrían haberle causado al Estado la pérdida de $ 800.000; dinero suficiente para que la mamá del cartonero abanderado Manuel Cruz pudiera dejar de recoger cartones durante más de 200 años.

Lo que ofende es la desfachatez. Porque no hubo un solo paso bien dado en el Ministerio de Salud para la contratación de la fundación odontológica. Y, sin embargo, Yedlin rezonga y advierte que el Tribunal de Cuentas no "hizo una diferenciación clara de las responsabilidades" al aplicarle la misma sanción que a dos de sus funcionarios: apenas cinco sueldos de multa. ¿Quién, si no él como máximo responsable del Siprosa, debería asumir el costo de semejante zafarrancho administrativo?

Lo que asombra es la tozudez. Porque una vez que el Tribunal de Cuentas precisó que la Fundación Salud no existía cuando se iniciaron los cursos, el propio ministro replicó que tras la investigación fue "posible advertir que los cursos fueron dictados por Funsal". ¿No era más decoroso optar, esta vez, por el silencio?

Una de videntes

En realidad, lo que preocupa es que no haya explicación oficial capaz de justificar tamaño bochorno. Porque, hasta aquí, el gobernador Alperovich se limitó a repetir una y otra vez que confía en la honestidad de su funcionario. Pero nada dijo acerca de las "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" cometidas en el área del ministro, por el que estuvo dispuesto a poner "las dos manos en el fuego". A decir verdad, es más fácil gruñir y guapear que afrontar con el pecho los yerros propios. 

Lo que asusta es la irresponsabilidad. Porque, a juzgar por las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Cuentas, para que los cursos se inicien habría bastado un "sí, dale, después vemos": un funcionario de segunda categoría (el ex secretario ejecutivo médico, Alberto Sabaj) firmó un convenio -presuntamente- sin la autorización de su jefe (Yedlin) y no se percató de que la fundación a la que encomendaba la capacitación aún no existía como tal. En rigor, o el doctor Sabaj tiene habilidades de vidente o estaba al tanto de que en un futuro cercano Funsal quedaría constituida, y de que el ministro iba a firmar ese convenio que predijo meses antes Sabaj.

Lo que sorprende es que nadie pensó, siquiera, en el "qué dirán". Porque el profesional chileno Héctor Silva Olivares colabora con el equipo sanitario estatal desde la gestión del ahora ministro nacional, el vicegobernador (en uso de licencia), Juan Manzur. Es decir, tiempo suficiente de interacción tuvo en Tucumán como para conocer a colegas locales ajenos a la administración pública. Sin embargo, la fundación fue constituida por cinco empleados del Siprosa. Y, curiosamente, el departamento que se eligió como sede social para Funsal tenía registrado el teléfono a nombre de Raúl Penna, un hombre de confianza de Manzur y por entonces personal de gabinete del Ministerio de Salud, con rango de subsecretario. ¿No hubo nadie capaz de advertir que esto, socialmente, podría estar mal visto?

Especulaciones

Al final de cuentas, lo que se aprecia es que todo se rigió por el oportunismo. Porque la sensación que queda es que la fundación fue creada para facturar los servicios prestados al Estado: su talonario fue estrenado con los $ 800.000 por los cursos odontológicos. De hecho, Silva Olivares reconoció, en una entrevista que concedió a LA GACETA el 25 de febrero, que debieron recurrir al sello de Funsal por la burocracia: "el trámite era muy lento. Entonces propuse que inscribamos aquí la fundación". 

Con el ministro Yedlin ratificado en el cargo, lo que inquieta son los antecedentes. Porque el funcionario adujo ante el Tribunal de Cuentas que él no había autorizado personalmente la realización de los cursos. Sin embargo, tuvo dos claras oportunidades para evitar el papelón: el 19 de agosto, cuando firmó el convenio marco con la Fundación Salud; y el 29 de diciembre de 2009, cuando autorizó el pago de $ 800.000. ¿En ninguna de las dos ocasiones dispuso de cinco minutos para leer un expediente?

También, lo que se desprende es que una vez más reinó la especulación política. Porque Yedlin anuló el convenio con Funsal dos días antes de conocer la sanción del tribunal. Es decir, tres meses después de estallado el escándalo en su área. ¿Por qué esperó tanto para retroceder? ¿Por qué no hizo pública la lista de capacitados apenas se desató la polémica? Lo ideal sería no tener que relacionar esa actitud con las severas críticas a la calidad de los cursos que profirieron muchos de los asistentes que testificaron ante el Tribunal de Cuentas.

En definitiva, lo que crispa es que, después de todo, nada pase. Menos mal que Yedlin autorizó el pago el 29 de diciembre y no un día antes, porque si no se podría concluir que se trató, simplemente, de una broma por el Día de los Inocentes.

Dos días antes de que el Tribunal de Cuentas lo sancione, Yedlin dio marcha atrás. ¿Por qué esperó tanto tiempo?