En 2009 hubo sólo 140 denuncias de particulares ante la Oficina Anticorrupción. En 2005, fueron 705 presentaciones de esta clase, según estadísticas oficiales.

A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, los argentinos se animan cada vez menos a denunciar hechos de corrupción. De acuerdo a los números publicados por la Oficina Anticorrupción (OA), en 2009 hubo apenas 140 denuncias efectuadas por particulares, y de ellas sólo 71 provinieron de denunciantes identificados. Esos datos contrastan con los de 2008, cuando hubo 179 denuncias de particulares, de los cuales se identificaron 82 y los de 2007, con 326 presentaciones y 145 con nombre y apellido.

Referentes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra la corrupción consultados por El Cronista explicaron esa situación en "el temor a las consecuencias físicas, laborales o económicas que le pueda acarrear al denunciante, ya que no existe ningún tipo de garantías, protección ni un marco regulatorio e incentivos por parte del Estado".

Como consecuencia, año tras año bajan de manera significativa las denuncias realizadas por particulares, y más aún si se trata de los ciudadanos que den a conocer su identidad. En este sentido, tanto desde la Oficina Anticorrupción como de las ONG dedicadas al tema coincidieron en la necesidad de una ley que proteja a los denunciantes y testigos de hechos de corrupción. 

"Existe una desprotección legal de los denunciantes de casos de corrupción, sumado a que el Estado no incentiva, no informa para que la sociedad presente denuncias", disparó el Coordinador del Programa Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción (ACIJ), Luis Villanueva a El Cronista, quien resaltó además la falta de mecanismos para poder denunciar.

Según consta en sus informes, la OA reconoce que esta tendencia se debe "al temor, porque este tipo de denunciantes frecuentemente son personas que tienen una vinculación laboral o comercial con la Administración Pública Nacional (empleados, proveedores y contratistas del Estado, empleados de estos proveedores y contratistas, etc.)". También la Oficina da a conocer un proyecto de Ley que elaboró en 2003 en ese sentido "con el fin de proporcionar herramientas para la protección de los derechos y así contar un recurso esencial para la investigación". 

Pese a ello, desde las ONG hicieron saber que la iniciativa de la OA nunca fue presentada. "El año pasado junto con la Oficina Anticorrupción y otros organismos actualizamos ese proyecto, pero el Ejecutivo una vez más no lo presentó para que sea tratado en el Congreso. Como siempre, queda cajoneado y hoy está durmiendo en el Ministerio de Justicia", dijo Villanueva. 

En concordancia con él, Germán Emanuele, presidente del Centro de Atención Legal Anticorrupción (ALAC), una iniciativa impulsada junto a Transparency International, que funciona desde 2009 dentro de Poder Ciudadano, para asistir a los testigos o víctimas de actos de corrupción, destacó "el problema de proteger al testigo sin una ley que los ampare". "Nosotros le damos garantía y el compromiso al denunciante de mantener en reserva absoluta todos los datos, eso se respeta a rasca tabla", aclaró.

Los consultados resaltaron asimismo que la ausencia de instrumentos legales de protección motiva a que las pocas denuncias que se realicen se mantengan en el anonimato y eso dificulta el avance de las investigaciones.

La propia Oficina Anticorrupción dice en su página web que esa práctica "impide el acceso a información complementaria que el denunciante potencialmente podría aportar". Sin embargo, Emanuele concluyó: "confiamos que como ocurre en otros países, la gente se siente más amparada y acompañada para denunciar" por las entidades de la Sociedad Civil dedicadas a seguir el tema.