Los contadores reclaman un tribunal de cuentas municipal

Ahora todos los expedientes deben pasar por sus manos. Se transformó en el hombre clave del control de los gastos de la intendencia de la capital. El subcontador Armando Varela es el reemplazante natural de la contadora general de la Municipalidad de la capital, Patricia Beltrán de Salido, que extendió su licencia médica.

Sin embargo, ese reemplazo natural genera algunos reparos, porque Varela no ha sido elegido por el Concejo Deliberante como marca la ley para el caso del titular de la contaduría general de la Municipalidad. De hecho, el consejo directivo del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán considera que debe modificarse el actual esquema de ese órgano de contralor de los fondos municipales. 

Abelardo García, vicepresidente de la entidad que nuclea a los contadores, dijo a LA GACETA que es necesario pensar en ciertos cambios trascendentales para mejorar la transparencia en la gestión. "Creemos que el tema es bastante serio. Pero hay una cuestión de fondo: la contadora general, que es la persona que está a cargo del control de los gastos, no puede depender del Departamento Ejecutivo Municipal", afirmó.

"En algún momento -explicó-, se debe pensar en la creación de un Tribunal de Cuentas, que sea totalmente independiente con vocales elegidos por concurso, con la participación del Colegio de Graduados para examinar a quienes vayan a ser vocales de ese tribunal", detalló.

García resaltó que este mecanismo de control ya se aplica en otros municipios del país. "Es un deber pendiente que hay en Tucumán, porque este sistema funciona muy bien en varias municipalidades de las provincias de Córdoba y de Santa Fe", precisó.

En la capital, el caso de la contadora Beltrán de Salido abrió una controversia sobre el rol del órgano de contralor. La funcionaria denunció que el intendente, Domingo Amaya, toma decisiones "en forma dictatorial". En un escrito dirigido al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas reclamó la intervención de esta entidad porque -dijo- se declaró el cese de sus principales colaboradores (Marcela Lascano de Farber, Viviana Umar y Silvia Otero). 

La contadora había pedido al intendente Amaya que revea los desplazamientos, pero no tuvo respuesta. El escándalo se hizo público a partir de la denuncia del concejal republicano, Claudio Viña, efectuado en junio, cuando denunció "una sospechosa purga de auditores".

Posteriormente, el consejo directivo del Colegio de Graduados analizó las denuncias en el seno de la comisión de Vigilancia y Defensa de la Profesión. Luego se efectuó una presentación ante la intendencia para que responda sobre las demandas planteadas por la contadora general. Pero el intendente tampoco respondió a esta institución de la que él también forma parte por su profesión de contador. 

En este caso, hay varios protagonistas que tienen una vinculación con el Colegio de Graduados. En los registros del padrón de profesionales de esa institución figuran matriculados el intendente Amaya (3.785), la contadora Beltrán de Salido (2.862) y el concejal Viña (3.277). 

En total son 18 los municipios del país que aplican el sistema de control del uso de los fondos públicos por medio del Tribunal de Cuentas. La que mayor cantidad tiene es Córdoba con cinco municipios. Entre las provincias vecinas también lo aplican Salta y Santiago del Estero. En Tucumán no se creó esa figura en ninguna de las 19 municipalidades.