Publicado: 14-03-2010
 
Salud porteña: La Justicia investiga la contratación del servicio de ropa de cama de los hospitales. La sospecha es que fue dirigida. Otros casos similares muestran que la Ciudad busca concentrar a sus proveedores.

Por la puerta de atrás, todos los días, bien temprano y bien tarde, de los hospitales porteños salen toneladas y toneladas de sábanas, delantales, camisolines, manteles sucios. La provisión de esa "ropa de cama hospitalaria", además del lavado y del planchado, no sólo se esconde a las miradas: ha quedado bajo la sospecha de una contratación dirigida para favorecer por más de 30 millones de pesos a un grupo empresario.

"¿Otra vez?", preguntan en el Gobierno porteño cuando Clarín consulta por la licitación 1643/09.

Ocurre que esta contratación no es la primera que está seriamente cuestionada. Las compras que viene haciendo el gobierno de Mauricio Macri en materia de salud, parecen hechas por una misma mano. Muchos cuestionamientos a los precios que se pagan y fuertes indicios de que las compras están dirigidas hacia proveedores grandes o concentrados, dejando afuera a los proveedores intermedios o pequeños. Ya ocurrió con el intento de comprar equipamiento hospitalario por 150 millones de pesos -tomógrafos, equipos de rayos X- y también con el servicio de distribución de medicamentos, dos licitaciones que fueron paralizadas. Ahora ocurre con la ropa de cama, un servicio por el que, según las empresas que quedaron afuera del negocio, se pagará mucho más que antes.

De acuerdo con la documentación a la que accedió Clarín, ya son cinco las empresas que presentaron quejas administrativas o judiciales para denunciar irregularidades en esta nueva licitación (ver facsímil). Se trata de la adjudicación del servicio de provisión de ropa de cama para 16 de los 33 hospitales de la Ciudad, por la suma inicial de 31.539.920 pesos, convocada en agosto del año pasado. Apenas empezó a tramitarse quedó bajo sospecha. Y está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 1 de Alberto Baños y la Fiscalía 15 de la Capital, a cargo de Carlos Giménez Bauer. Las dudas apuntan a:

- Si fue una adjudicación dirigida hacia un grupo empresario.

- Si se pagaron precios mucho más altos que los del mercado.

- Si los pliegos de licitación fueron manipulados para dejar fuera de competencia a los proveedores históricos de la Ciudad.

"No vamos a hablar del tema porque está siendo analizado por la Justicia. Si se comprueba alguna irregularidad, dejaremos sin efecto la contratación", dijeron en el Ministerio de Salud porteño. Lo cierto es que las órdenes de compra ya se firmaron y se están ejecutando.

En concreto: el gobierno de Macri empezó a pagar parte de los casi 32 millones de pesos comprometidos para que tres empresas (que al parecer son del mismo grupo) entreguen la ropa de cama y la retiren para su lavado en 16 hospitales, por un plazo de dos años. El costo final será mayor cuando se amplíe al resto de los hospitales.

¿Por qué se sospecha de una licitación dirigida? Hay tres puntos del pliego que tienen la clave. El primero: la Ciudad exigió a los oferentes que tengan como antecedentes una facturación mensual superior a los 400 mil pesos. Ese monto es inalcanzable para la mayoría de los proveedores de siempre.

Ocurre que las compras hospitalarias, hasta la llegada del PRO al gobierno, se hacían desde cada hospital. En el caso de la ropa de cama, los encargos eran sólo para la limpieza (a la blanquería la ponían los hospitales) y por montos muy bajos. Para darse una idea, de acuerdo a una factura a la que accedió Clarín, el hospital Udaondo pagaba, en noviembre de 2009, apenas 10.166 pesos por el lavado y planchado de todas sus sábanas y delantales.

El otro requisito que sirvió para sacar de competencia a proveedores, fue la exigencia de que tuvieran un espacio para el lavado de 1.200 metros cuadrados como mínimo. Eso solo dejó afuera a 5 de las 8 empresas que se interesaron en la contratación, entre ellas Setex S.A., que presentó una queja en la Ciudad porque tiene un galpón de 1.128 metros cuadrados, apenas a un tirón del metraje pedido. La firma Ingale SRL se quedó afuera por tener 525 metros y su protesta fue más pragmática: desde hace veinte años, con ese metraje le alcanzaba para limpiar sábanas de 9 hospitales de la Ciudad, con cobertura para 2.200 camas. ¿Por qué, entonces, debía quedar afuera de esta licitación? Otro punto cuestionado es que no se permitieron empresas unipersonales. Eso provocó la demanda judicial de Roque Pérez, un empresario que hasta noviembre del año pasado limpiaba, en su empresa familiar, las sábanas y delantales del hospital Durand, del Ramos Mejía y del Rivadavia.

El punto más delicado es, de todos modos, el que refiere a las empresas ganadoras. El 28 de agosto de 2009, el gobierno adjudicó la licitación a las firmas "Lavadero El Lucero", "Lavadero ANCA" y "Tex Care". Dicho así parecen tres empresas distintas, lo que desmentiría la idea de un proveedor concentrado. Pero el fiscal Giménez Bauer, que investiga el caso, pidió documentación para comprobar si son en realidad un mismo grupo económico que intenta monopolizar el mercado. 

Por lo pronto, ya se comprobó que Lavadero ANCA es de Héctor Andrelo, un empresario casado con Magdalena Gaccetta, otra empresaria que es, casualmente, presidenta de la firma Tex Care, otra de las ganadoras. Es decir, que ambas empresas son de marido y mujer. La tercera ganadora, El Lucero, que limpiará y proveerá sábanas para tres hospitales, hizo una oferta al precio exacto de sus supuestos competidores pero por los únicos tres hospitales que no interesaban ni a Tex Care ni a ANCA. "Es tanta casualidad que hay que investigarla", dijeron en la Fiscalía ante la consulta de Clarín.

Esa información es importante, ya que las licitaciones impiden que las empresas que supuestamente compiten sean de un mismo dueño -o en este caso de un matrimonio-, justamente porque entonces no existiría competencia. Lo del tercer ganador entraría, según las sospechas del fiscal, en lo que se conoce como "el sistema dumping", que consiste en ponerse de acuerdo de antemano entre los competidores, sobre qué oferta hacer y cómo dividirse el negocio.

El último asunto sensible es el de los costos. Los denunciantes pidieron al fiscal que investigue supuestos sobreprecios. ¿Los hay? En el Hospital Udaondo, por ejemplo, el costo mensual de la limpieza de blanquería era de 10.166 pesos hasta noviembre pasado. En la nueva contratación, será de 243.600 pesos, aunque incluyendo la provisión de la ropa de cama y los delantales. Dice uno de los denunciantes: "Con la diferencia compramos sábanas y delantales para por lo menos veinte años". Más ejemplos: el hospital Borda pasó de gastar 10 mil pesos mensuales a 233 mil (incluyendo la mercadería) y el Vélez Sarsfield pasó de 14 mil a 330 mil (también con la provisión).

El caso es similar a otras dos licitaciones que intentó la Ciudad en el área de Salud. Una es la 17/08, por la cual se intentó comprar equipamiento hospitalario por 150 millones de pesos. Esa compra, imprescindible para los obsoletos hospitales, se paralizó en 2008 cuando la oposición de la Ciudad denunció que estaba dirigida a una única empresa. La otra fue la licitación 220/08, para la contratación del servicio de distribución de medicamentos desde los mayoristas hasta los hospitales. La Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), que reúne al 90 por ciento de los proveedores del país, impugnó esa compra con el argumento de que los pliegos dejaban afuera a todas las empresas medianas y pequeñas. Todavía no se pudo rehacer, aunque el Gobierno asegura que pronto se anunciará una nueva licitación.

¿Son estos tres casos pura coincidencia? Según el gerente de la UAPE, Daniel Argüello, el gobierno de Macri imprimió como sello de gestión la concentración de los proveedores. Y da un ejemplo que nada tiene que ver con la salud. La contratación del gobierno porteño con Officenet, una empresa a la que en 2009 se le comprometió un pago de 27,5 millones de pesos para abastecer a toda la administración pública con insumos de oficina. Antes, de eso se ocupaban pymes y librerías.

Los cuestionamientos de la UAPE a la licitación de los insumos de oficina empujaron al gerente de compras de la Ciudad, Edgardo Cenzón, a convocar a los miembros de la Unión de Proveedores y a hacerles una promesa: "Esto va a cambiar", les dijo Cenzón en diciembre. Pero aquí va otra novedad: el director de Compras dejó su cargo a mediados de febrero.

Dice Argüello, de la UAPE: "Nosotros estamos muy preocupados, porque es claramente una política del gobierno dejar afuera a las pymes y favorecer a empresas concentradas, con precios muchas veces superiores a los históricos".

Clarín consultó al gobierno porteño, donde intentaron desligar a Macri de la política de las compras concentradas. "Cada ministerio tiene su propia formar de comprar", dijeron. En el ministerio de Salud, a cargo de Jorge Lemus, optaron por "no contestar" hasta que la Justicia se expida.

La causa judicial por el caso de las sábanas y delantales, en rigor, recién da sus primeros pasos. Y quizá lleve años y años dilucidar si hubo o no una licitación dirigida o con eventuales sobreprecios.

Mientras tanto, los fondos públicos siguen saliendo. Como las sábanas sucias. Por la puerta de atrás. 

Licitaciones nacionales, también en la mira

Se supone que deben ser transparentes, justas, que deben buscar el mejor precio y servicio. Pero en los últimos años, muchas compras y contrataciones del Estado nacional han venido acompañadas por denuncias de estar dirigidas a determinadas empresas o de pagar demasiado precio por cada servicio.

La última sospecha apunta a la contratación del servicio de confección de libretas para los beneficiarios del Subsidio por hijo.

Un plan muy aplaudido por oficialistas y opositores, que cede 180 pesos mensuales por hijo a los padres desocupados o con trabajos en negro. Sólo que la libreta donde los padres deben consignar la historia escolar y de vacunación de los chicos, fue encargada a una empresa que se dedica a la venta de fotocopiadoras, Digital Copiers, en apenas 48 horas. El negocio, revelado por Clarín hace ya un mes, es el siguiente: 42 millones de pesos por hacer 3,5 millones de libretas, que para colmo estarían siendo tercerizadas en una imprenta ajena.

Los casos abundan. La compra de material de librería y de urnas de cartón para las últimas elecciones está siendo investigada; también la contratación de los formularios para hacer los trámites para el DNI, y hasta los arreglos de la flota de aviones de la estatal Aerolíneas Argentinas.

Uno de los motivos centrales de los cuestionamientos es la falta de transparencia en los procesos, crítica hecha por la Oficina Anticorrupción, desde el propio Gobierno.

Uno de los problemas es que lo excepcional se ha convertido en práctica. En 2004, el 34,8 por ciento de las compras del Estado nacional se hacía a través del sistema de "contratación directa", un mecanismo con pocos controles que está previsto para compras por montos de menos de 70 mil pesos o para casos excepcionales. En 2009, según información oficial, ese tipo de compras ascendió al 63,1 por ciento. En la actualidad, apenas el 33 por ciento de las compras se están realizando por el sistema de Licitación Pública, que impone requisitos para evitar desde compras dirigidas a sobreprecios.

El sistema de compras está ordenado por un decreto de 2001 (el 1023/01), que estableció los parámetros generales para los funcionarios del Estado encargados de comprar. Pero ese decreto, a más de ocho años, jamás fue reglamentado. La ausencia de letra chica, claro, permite la discrecionalidad.