Publicado: 04-01-2012

Buenos Aires.- El laboratorio GlaxoSmithKline y dos médicos sólo recibieron multas por $1 millón. Aseguran que seleccionaban niños de familias pobres a cambio de dinero y con complicidad estatal.

No hay dinero que pueda pagar la vida de un hijo. Mucho menos cuando esa pérdida se produce por intereses mezquinos de una empresa o por la negligencia, también intencional, de un gobierno. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) encontró responsable al laboratorio británico GlaxoSmithKline de realizar ensayos clínicos irregulares por los que murieron 14 bebés: siete en Santiago del Estero, cinco en Mendoza y dos en San Juan, todos de familias humildes.

El juez en lo penal y económico Marcelo Aguinski ratificó la resolución tomada por la Anmat de multar con $1 millón al laboratorio Glaxo (GSK) y a los médicos Miguel Tregnaghi y Héctor Abate, tras haberse comprobado las graves falencias para seleccionar a los bebés a los que se les aplicó la vacuna experimental Synflorix para prevenir el neumococo.

El control del Estado estuvo ausente como si se tratara de conejillos de india. El titular de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Jorge Yabkowski, relató el macabro procedimiento: "Reclutaban a gente pobre de manera espuria, por 30 o 40 pesos. La llevaban a los hospitales o los centros de Salud, le daban una vacuna, ponían a dos mamás como parte del testeo independiente y les prometían una obra social. Esto sucedió entre 2005 y 2007".


El médico también aseguró que (el ministro de Salud, Juan) "Manzur nunca nos recibió". Recién en 2008 la Anmat comenzó la investigación que derivó en la irrisoria sanción al laboratorio y los médicos. "Se advirtió una falta de seguimiento y registro adecuado de los eventos adversos ocurridos durante el estudio que permitió descartar la seriedad de los mismos", dice el dictamen de la Anmat.

Detrás de la inacción estatal hay oscuros intereses del poder político. Un dato que llama la atención es que el encargado de habilitar las investigaciones en Santiago del Estero era Enrique Smith, hermano de Juan Carlos Smith, por entonces ministro de Salud de la provincia que gobierna el kirchnerista Gerardo Zamora.

Ya en 2004, cuando las pruebas se estaban realizando en Córdoba, se detectaron procesos irregulares como firmas de analfabetos prestando consentimiento a los experimentos o de los mismos profesionales que avalaban las pruebas como testigos y pagos a profesionales de instituciones públicas que en su horario de trabajo cobraban entre 380 y 400 dólares por cada niño incorporado a la investigación. Por estos casos fueron cesanteados 14 profesionales y se desmanteló un centro médico donde se hacían las pruebas.

Llamativamente, el laboratorio Glaxo logró, ante la vista de las autoridades estatales, continuar con el proceso mudándose a Santiago del Estero, San Juan y Mendoza.

Según relató a Hoy Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos bonaerense, a la hora de probar medicamentes tanto médicos como laboratorios deben "seguir exhaustivamente todos los pasos de los protocolos que están establecidos por la legislación vigente. Esto está controlado por la autoridad competente. Hay un montón de requisitos que hay que reunir para llevar adelante los ensayos de investigación, tiene que tener aprobaciones de distintos entes, como la Anmat, Comités de bioética, entre otros".


El laboratorio multinacional de origen británico GlaxoSmithKline es la segunda compañía farmacéutica más grande del mundo y ya tenía otros antecedentes en su haber.

En Estados Unidos había sido sancionado en 2010 por 750 millones de dólares por la venta de medicamentos defectuosos.

Además, está sospechada de haber influido para crear alarma sobre la gripe A (H1N1) a través de la vinculación con un científico perteneciente a la Organización Mundial de la Salud. Cabe recordar que GlaxoSmithKline es la principal fabricante de la vacuna contra dicho virus.


Las redes de poder que vinculan a poderosos laboratorios, autoridades sanitarias y organismos de control están en el foco del debate a raíz de este caso. Desde la Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina (Fesprosa) se reclama la sanción de una ley que regule la investigación biomédica y establezca la responsabilidad penal de los profesionales y empresas que incumplan con las normas.
 
"No hay figura del Código Penal que castigue a los investigadores inmorales. Glaxo ganará con la vacuna el valor de cien mil multas. Y los culpables de usar a nuestros niños pobres como conejitos de indias ni siquiera pasarán por un juzgado", afirmó el titular de Fesprosa, Jorge Yabkowski.