Publicado: 08-06-2010
 
El juez Norberto Oyarbide ordenó procedimientos en las ciudades de Córdoba y de Carlos Paz. Fue en el marco de la investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito del ex funcionario.

Por orden del juez federal Norberto Oyarbide se realizaron nuevos allanamientos en la provincia de Córdoba en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Los operativos se llevaron a cabo, a través de un exhorto girado al Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, en propiedades que se le atribuyen al ex funcionario kirchnerista.

"Es un allanamiento a los efectos del secuestro de documentación", dijo un jefe de la Policía Federal en el barrio Costa Azul, donde Julieta Jaime, hija del ex secretario, tiene a su nombre una casa.

Además se investiga la relación con un hotel de la villa serrana: el Saint Tropez, que figura a nombre de la Sociedad Anónima Lago Azul, constituida en agosto de 2007 con Alejandro Pielach, contador público, y Lisandro Damián López como titulares.

En la causa también figura que la hija de Jaime compró en enero de 2008 dos lotes en el barrio Costa Azul por un valor de 440 mil pesos, en uno de los cuales Julieta Jaime tiene una casa a su nombre. La dirección es la misma de la Sociedad Anónima Lago Azul, dueña del hotel Saint Tropez.

El Saint Tropez es el hotel que manejaba Julieta Jaime, la segunda de las tres hijas que tiene el ex funcionario kirchnerista. Velázquez confirma lo que en Villa Carlos Paz era un secreto a voces: "La hija de Jaime estaba al frente del Saint Tropez".

Los hoteleros de Carlos Paz se conocen casi todos y en temporada alta colaboran unos con otros. Acuerdan tarifas y, cuando un hotel se llena de pasajeros, habitualmente se recomienda el de un vecino mediante un acuerdo no escrito y recíproco.

En esas charlas informales entre hoteleros geográficamente cercanos, intervenía la hija de Jaime en representación del Saint Tropez. Velázquez lo explica: "Me reuní con Julieta un par de veces para hacer acuerdos de colaboración. Los dos hoteles están en la misma vereda, separados por unos metros, así que nos convenía tener una buena relación comercial".

Tiempo atrás, Jaime también recibió a policías federales en propiedades de Mendiolaza, que están a nombre de otros familiares.

Imputado

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa judicial en la que se investiga si desde el Estado se favoreció a la empresa Teba SA que tiene a su cargo la explotación de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Jaime, a pesar de haber abandonado la función pública en julio de 2009, sigue acumulando expedientes en causas vinculadas al manejo de los fondos del Estado.

La causa judicial originaria se inició en 2008 por una denuncia de legisladores de la Coalición Cívica, quienes señalaron que el ex presidente Néstor Kirchner encabezaba una asociación ilícita dedicada a beneficiar a empresarios afines con negocios hechos al amparo del Estado.

Kirchner, Jaime, el ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido; el ex director de Occovi, Claudio Uberti; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Alberto Zannini, y los empresarios Cristóbal Manuel López, Lázaro Antonio Báez y Rudy Fernando Ulloa Igor fueron imputados por Pollicita en diciembre de 2008.

El nuevo capítulo de la denuncia que investiga el juez Julián Ercolini junto a Pollicita tiene como eje la relación estrecha entre Jaime y la empresa concesionaria Teba SA. El fiscal imputó también a Néstor Otero, presidente de la sociedad; a uno de los directores Gabriel Akerman y al ex vicepresidente Edgardo Preiti.

Otero fue uno de los principales aportantes de la campaña electoral de Cristina Kirchner y Preiti y Akerman fueron los garantes de los alquileres de los departamentos en los que vivía y vive Jaime. Extraña relación entre el funcionario que encabezaba la Secretaría de Transporte y debía controlar que Teba cumpliera con las pautas establecidas para explotar la terminal.

Los diputados aportaron en la denuncia un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el que se determinaron irregularidades en la renegociación del contrato por el cual el Estado le extendió por diez años la concesión de la Terminal de Retiro a Teba. Fue Jaime quien negociaba con Otero al mismo tiempo que ejecutivos de la empresa le garantizaban el pago del alquiler.

El fiscal, en su requerimiento de instrucción con el que dejó formalmente abierta la causa, pidió que la AGN envíe al juzgado todos los informes sobre la Terminal.

El decreto de extensión de la concesión en condiciones beneficiosas para Teba fue el número 1.962 del 2006 que firmaron Kirchner y De Vido ad referendum de Jaime, quien representó al Estado en la negociación.