La Secretaría General de la Presidencia no respetó un decreto firmado hace seis años por Néstor Kirchner, que obliga a los funcionarios a dar información pública a los ciudadanos que la solicitan. Se negó, concretamente, a brindar detalles sobre los costos de los taxis aéreos utilizados por la familia presidencial.

La Oficina Anticorrupción (OA), un organismo de control que depende del Poder Ejecutivo, observó la inconducta en un escrito emitido el viernes pasado, al que tuvo acceso Clarín.

"En atención a las constancias acumuladas en las presentes actuaciones, podría concluirse que existe un incumplimiento por parte de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en cuanto a las obligaciones emanadas del decreto 1172/2003", sostuvo el director de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Gerardo Serrano.

El trámite siguió con la remisión del expediente a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que es una suerte de "tribunal" administrativo de las conductas de los funcionarios ante los pedidos de Acceso a la Información. Esta "autoridad de aplicación" no tiene ningún poder sancionatorio y ni siquiera puede poner una multa.

Pero justo esta semana, cuando tenía que revisar la denuncia de Clarín que dio origen a este trámite de búsqueda de información, el organismo entró en crisis con la salida de Marta Oyhanarte y el dictamen final quedó postergado.

La información sobre los vuelos privados contratados por Presidencia -que ya dispone de una flota oficial de aviones- sería clave para determinar si fueron válidos los motivos de esos viajes, pagados con el dinero de los contribuyentes. Pero la verdad permanece escondida y ni siquiera se cumplió con la obligación legal de explicar por escrito los motivos de la denegatoria.

¿Pueden los funcionarios alegar secreto de Estado? No deberían, porque consultas similares fueron enviadas por Clarín a los distintos ministerios del gabinete kirchnerista y obtuvieron respuesta, incluso dentro de los plazos legales en la mitad de los casos.

Con los datos obtenidos, los lectores pudieron saber que entre 2003 y 2009 se contrataron al menos 36 vuelos privados, utilizados por los ministerios de Planificación Federal, Interior y Educación, por un total de 2.047.471 pesos.

La semana pasada, Clarín renovó el cuestionario sobre los taxis aéreos. En este nuevo recorrido, los funcionarios tienen hasta el jueves de la semana que viene para liberar la información.