Cuando la tinta del fallo que condenó a prisión efectiva a una empleada en negro del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda aún no se ha secado, otro caso similar envuelve al organismo. En aquél caso se descargó todo el peso de la ley sobre una empleada de ínfima categoría, tan ínfima que no figuraba siquiera como empleada, mientras los responsables contables y jefes eran poco menos que liberados de toda culpa.

Uno de los delitos que tuvieron en cuenta los jueces para condenarla fue el de la falsificación de instrumento privado y cheque oficial. Lo que había hecho la empleada era falsear la firma de los funcionarios que libraban los cheques para realizar retiros de dinero de una cuenta que el Tribunal de Cuentas no controlaba. Años atrás, y poco después que se descubriera la saga de delitos que funcionarios y empleados cometían en el IPAV con el dinero que se recaudaba de las familias humildes que recibían casas -uno de esos casos es el que mencionamos-, hubo un cambio de gobierno y, asumió el poder una línea interna del partido del gobierno distinta a la que había gobernado hasta entonces la provincia sembrada de sospechas y denuncias de corrupción durante veinte años.

Las nuevas autoridades que asumieron en el IPAV se empeñaron en limpiar de alguna manera esa imagen del organismo señalado por la ciudadanía -y confirmado luego por la justicia- como el foco de mayor corrupción de esos años.

En parte lo consiguieron pues el organismo -si bien siguió siendo sospechado de discrecionalidad política a la hora de decidir quién recibía una casa y quién no- no tuvo escándalos como los que habían protagonizado los popes de la gestión anterior. Pero en estos días este diario ha dado cuenta de una situación similar. Una situación que insinúa un caso de corrupción y abuso de autoridad de similar calaña a la que llevó a otros funcionarios y empleados a prisión.

En un expediente donde se tramita un concurso para el ascenso de empleados se constató la falsificación de una firma nada menos que del presidente del IPAV y la sustracción de decenas de hojas de un descargo y una planilla donde consta la forma en que se contabilizará el puntaje obtenido por cada postulante.

La gravedad del hecho radica además en que la empleada que ha puesto en evidencia semejante conducta fraudulenta, que es a su vez postulante al ascenso que se tramita en ese manoseado expediente, ha sido castigada con su traslado a una dependencia de esas que la burocracia utiliza para castigar a los díscolos exiliándonos internamente a lugares indeseables de la Administración Pública.

La falsificación fue comprobada por el Fiscal de Investigaciones Administrativas y por una jueza que, no obstante, no halló al responsable ni puso demasiado empeño en hacerlo.

Increíblemente, y pese a estos antecedentes, que convertían al expediente en un instrumento fraudulento, más las denuncias de la empleada que sospecha que las falsificaciones y robos de documentos del expediente apuntan a favorecer a otra empleada, el trámite ha seguido su curso y ha sido firmado hasta por el ministro de Obras Públicas.

Este empeño del gobierno de seguir adelante con un concurso tan irregular ha devuelto a los pampeanos al clima de sospecha que existía contra el IPAV y toda la administración en los peores años de la corrupción apañada por las cúpulas. A esta pérdida de credibilidad y confianza de la sociedad le seguirá, probablemente, una pérdida judicial si la empleada decide finalmente, seguir esa instancia.