El Estado Nacional pidió la remoción de siete directores privados de Papel Prensa por presuntas irregularidades "graves y numerosas en el funcionamiento" del órgano interno de la compañía. El escrito, presentado por el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, ante el juez Comercial Eduardo Malde quien mantiene intervenida la empresa, solicitó la remoción de Aguirre Saravia, Jorge Alberto Bazan, Daniel Fernández Muñoz, Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Julio César Saguier, Jorge Carlos Rendo y del gerente general Jorge Noseda "para que se dejen de cometer las irregularidades denunciadas".

El pedido se basa en "el vaciamiento de funciones del Directorio de Papel Prensa, el que en los hechos ha traspasado sus funciones esenciales al gerente general de la sociedad". Noseda está denunciado ante la justicia como el "cajero" de Clarín y La Nación en un sistema interno de retornos que surgirían de la sobrefaturación de los proveedores. Ese dinero se repartiría entre los socios privados, quienes además gozan del beneficio de una descuento en la compra de la producción.

Además, la Procuración del Tesoro –como representante legal de la Secretaría de Comercio Interior que a su vez es el representante de las acciones públicas de la firma– denunció la "violación al derecho de información del Estado en su condición de socio minoritario" y la "irregular integración del Consejo de Vigilancia de la sociedad". 

Da Rocha también hizo referencia a "anomalías en la gestión comercial de la empresa, como por ejemplo la inexistencia de estudios de costos que permitan establecer si las ventas de papel realizadas a los socios Clarín y La Nación han aparejado pérdidas para la sociedad".

Uno de los escenarios de la disputa entre el Estado y los socios privados es la justicia. A las denuncias por sobornos y retornos, se suman las irregularidades cometidas en el manejo de la información interna. Los funcionarios públicos se encuentran con reiteradas trabas para acceder a los documentos contables a pesar de las distintas órdenes judiciales. 

La decisión presidencial es que Papel Prensa venda su producción en las mismas condiciones y al mismo precio a todos los diarios del país. Según los representantes del Estado en la empresa, esta situación se habría comenzado a solucionar. Sin embargo, los números definitivos se conocerán cuando la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) termine de evaluar los balances del tercer trimestre, luego de que se rescindiera el contrato del auditor que realizó esa tarea durante 33 años y que la justicia le permitiera al organismo encabezado por Daniel Reposo certificar esos documentos.