Publicado: 27-09-2011  

El juez federal Norberto Oyarbide pidió a expertos de la Corte Suprema de Justicia y de la Facultad de Ingeniería de la UBA que hagan un peritaje sobre obras realizadas por las Madres de Plaza de Mayo, construidas mediante convenios en los que intervino el Estado y a los que se destinaron fondos públicos.

La sospecha es que se habrían pagado sobreprecios y entregado fondos para viviendas que no fueron construidas en su totalidad, y el principal investigado de la causa es el ex apoderado de las Madres, Sergio Schoklender.

El magistrado les había pedido este trabajo a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General de la Nación, pero, por diferencia de criterios, hasta ahora no se hizo.

La decisión de Oyarbide de encargar el peritaje a la Corte y a la UBA es una respuesta a la AGN, que se quejó, por lo bajo, porque el magistrado no le daba copias de la documentación secuestrada en los distintos allanamientos. El jefe de la AGN, el radical Leandro Despouy, se reunió hace 15 días con el juez Oyarbide en Tribunales para conocer detalles del trabajo que requería el magistrado y encontrar la manera de poder hacerlo. Pero la gestión no prosperó.

El juzgado se negó a entregar los documentos a la AGN porque estaban afectados a la causa, que desde hace 90 días se encuentra bajo secreto de sumario. Oyarbide le ofreció a Despouy que sus auditores trabajaran en el juzgado, pero no llegaron a un acuerdo y el peritaje no pudo realizarse de manera completa. En la AGN dijeron a LA NACION que "un trabajo de esta magnitud, dada la complejidad de la tarea, puede demorar entre 5 y 6 meses", y destacaron que "se está trabajando intensamente y que en la medida en que accedan a toda la información que deben proveer los organismos intervinientes en esta cuestión, van a tener los resultados de la auditoría en el menor tiempo posible".

No obstante, Oyarbide quiere tener el estudio para fines de octubre, después de las elecciones, y con esos resultados llamar a prestar declaración indagatoria a Sergio Schoklender , a su hermano Pablo y a otras 13 personas más, incluidos empresarios y empleados de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Podrían ser indagados por fraude, lavado de dinero, además de asociación ilícita, lo que agravaría sobremanera su situación procesal y eventualmente podría poner en riesgo su libertad.

El estudio se realizará sobre aquellas obras donde hubo convenios firmados por el Ministerio de Planificación y donde se hubieran girado fondos públicos. Se investigará sobre el terreno si el precio pagado por metro cuadrado se compadece con la obra o si se presupuestó más de lo que finalmente se gastó en materiales. También se verificará la cantidad de casas, si coinciden las que se acordaron con las construidas y si el dinero que se giró tras cada certificación de obra coincide con los metros cuadrados construidos.


La tarea que deben realizar los expertos es la que había sido encargada a la AGN: de dónde y cómo salió el dinero del Estado, adónde fue a parar, cómo se distribuyeron los recursos y en qué estado están las obras, tanto aquellas concluidas como las que aún resta terminar.

De hecho, en estos meses hubo reajustes de precios de esas obras y se pagó más de lo presupuestado por efecto de la inflación.

Además, al momento de las indagatorias, el juez piensa tener concluidos un estudio efectuado por la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal para determinar la magnitud del fraude y otro trabajo que está realizando el Banco Central sobre la ruta de los cheques que salieron del Ministerio de Planificación, pasaron por las Madres de Plaza de Mayo y en algunos casos aterrizaron en cuentas de empresas relacionadas con Sergio Schoklender.

En otros casos esos valores eran cambiados en cuevas financieras, que ahora son investigadas por lavado de dinero. En ese sentido, el juez recibió 29 nuevos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que le remitió la Unidad de Información Financiera (UIF), con datos de empresas, bancos, contadores y escribanos que intervinieron en las operaciones (ver aparte).

Esta actividad choca con los reclamos de Schoklender, que pretende ser indagado de inmediato para que se resuelva su situación procesal. Denuncia que Oyarbide quiere dejar pasar las elecciones del 23 de octubre, pero en el juzgado señalan que para interrogarlo como sospechoso primero es necesario terminar de reunir la prueba. Y eso lleva tiempo.

Para presionar al juzgado, Schoklender prepara un escrito en el que pedirá que Oyarbide se declare incompetente, pues entiende que no hay motivos para que el caso sea investigado en el fuero federal. Se basa en las afirmaciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que señaló que "no hay acá dinero público, sino del particular [las Madres] que lo reciben al certificar la obra".

Con este planteo, Schoklender pretende que el caso pase a la justicia ordinaria, lejos de Oyarbide.