Buenos Aires.- Más allá de la nueva ley provincial que le permite al intendente mover fondos de una partida a otra, para el oficialismo todo sigue igual, aunque la oposición evaluó la importancia de la norma que ordena el gasto comunal.

Hoy, a partir de las 16, el Concejo Deliberante tratará el presupuesto municipal, pero a diferencia de años anteriores, el poder de esta ordenanza quedó relativizado a raíz de las modificaciones efectuadas a la Ley Orgánica de las Municipalidades, incluidas en la sanción de la norma de presupuesto de la Provincia.

Los cambios producidos le brindan superpoderes al Ejecutivo municipal para mover fondos de una partida a otra, incluso de las que tienen recursos afectados.

De tal manera, los más de 325 millones de pesos que se prevé que ingresarán a las arcas comunales durante este año, podrían conformar un fondo indiviso del que el intendente Cristian Breitenstein podrá valerse para efectuar los pagos.

Uno de los principales detractores de esta flexibilización, a nivel local, es el concejal Raúl Woscoff, de Integración Ciudadana, quien consideró que "el sistema de control republicano está en crisis".

"Esta ley está destruyendo al presupuesto, que sirve, justamente, para controlar que nadie pueda desviar el recurso en relación al gasto, hecho que está vinculado al delito de malversación de caudales públicos.

"Le hemos pedido al Ejecutivo que declinara las facultades que le otorga la ley 14.067 y no ha dicho nada. No obstante, antes de que entrara en vigencia la norma, el Ejecutivo incluyó en el proyecto de ordenanza del presupuesto municipal, artículos que le dan esas facultades extraordinarias", destacó Woscoff.

También recordó que Hugo Borelli -actual secretario de Gobierno-, mientras estaba a cargo de Economía municipal, anticipó que, de ser necesario, harían uso de las mencionadas licencias.

El concejal consideró que el presupuesto 2010 tendrá un carácter orientativo y no preceptivo, como en los anteriores años.

Por otra parte, dijo que la ley protege a aquellos municipios que cerraron con déficit el ejercicio 2009, porque con la sola presentación de un informe técnico-contable "evaluado con criterio político", el Tribunal de Cuentas no podrá sancionar irregularidades.

Según su lectura, se introdujeron subrepticiamente en la Ley de Presupuesto de la Provincia estas facultades a favor de los municipios, "porque en medio de la campaña electoral de 2009 hubo 'manotazos' de recursos afectados, para solventar gastos que no estaban previstos".

Comentó, asimismo, que la Ley de Presupuesto de la Provincia se sancionó en 2009 y empezó a estar vigente el 1 enero de 2010, pero las normas de modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades fueron aplicadas inmediatamente.

"Esto significa que a muchos les resuelve el problema con el Tribunal de Cuentas, por los desaguisados del 2009. De tal manera, las próximas rendiciones de cuentas de los municipios estarán afectadas por la ley 14.067, que modifica los escenarios de control", dijo Woscoff.

Desde el radicalismo

"Está claro que con esta reforma, el Ejecutivo tiene muchas más facultades para cambiar partidas, cosa que el año pasado, con la vigencia del RAFAM (Reforma de la Administración Financiera en el Ambito Municipal), no podía hacer", resaltó Oreste Retta, concejal de la Unión Cívica Radical, quien sostuvo que en el nuevo esquema, lo que importa son los montos totales y no la división de los recursos en las partidas de gastos.

"Por eso, la discusión fuerte estuvo en los impuestos, que es la que define los cálculos de recursos. El presupuesto, prácticamente, pasa a ser una sugerencia del Concejo al Ejecutivo. Es un pedido político", añadió el edil.

En cuanto a la postura de su bloque frente al presupuesto, Retta dijo que buscarán dejar reflejada su sugerencia sobre un refuerzo en las partidas de Niñez, Salud y Promoción Social.

Acerca de las reuniones previas que se desarrollaron, señaló "las mantuvimos con la finalidad de que se cumpla el presupuesto y procuramos alcanzar consensos para que quede el compromiso de no utilizar las facultades que brinda esta nueva ley".

"El Ejecutivo ya expresó que no va a renunciar a ellas expresamente, pero intentará evitar utilizarlas, salvo en casos extremos", dijo Retta.

En cuanto a la flexibilización en las rendiciones de cuentas, dijo que el Tribunal que las examina no castigará los excesos de partidas y "se libera mucho más la responsabilidad de los intendentes".

La postura del oficialismo

El edil oficialista Esteban Usabiaga (FPV-PJ), presidente de la comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante, dijo que no sabe si el Ejecutivo hará uso de las facultades que le brinda la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"No he conversado con el intendente al respecto ni lo hice con el secretario (de Gobierno) Borelli", expresó.

Contrariamente a lo expuesto por los concejales de la oposición, Usabiaga sostuvo que la ordenanza del presupuesto tendrá la misma fuerza que la de los años anteriores.

"La ordenanza del presupuesto nunca tuvo otro valor que no sea el político, que no es el de un contrato entre el oficialismo y la oposición sino entre quien gobierna y la sociedad.

"En definitiva, es la sociedad la que premiará o castigará, con su voto, la gestión del Ejecutivo. Y creo que la comunidad está viendo con mucho beneplácito lo hecho hasta ahora por el intendente", señaló Usabiaga.

También destacó que años anteriores, cuando los intendentes contaron con mayoría oficialistas en el CD, las reasignaciones de partidas eran aprobadas sin dilaciones.

"Cuando no tiene mayoría en el CD, el Ejecutivo manda las compensaciones de partidas en la rendición de cuentas que el cuerpo podrá aprobar o no, desde el punto de vista político, y que el Tribunal de Cuentas analizará desde lo legal y administrativo", comentó.

En este orden, dijo que la jurisprudencia del mencionado Tribunal indica que no son castigados los excesos de gastos en las partidas, en la medida que hayan sido aprobadas y no generen desfinanciamiento.

"No creo que el Tribunal de Cuentas vaya a tener algo que sancionar de la rendición de cuentas de 2009 --aún no entregada--, salvo cuestiones habituales como alguna omisión formal o la falta de documentación que luego es completada. Esta flexibilización no traería ni beneficios ni perjuicios", expresó Usabiaga.