Publicado: 30-08-2011 
  
SOLICITUD DEL FISCAL EN EL CASO DEL ORGANISMO ANTIDISCRIMINACION.

Es porque Morgado y Rachid no probaron las denuncias de uno contra el otro.

Las denuncias penales cruzadas entre las ex autoridades del Inadi, Claudio Morgado y Maria Rachid, ya perdieron peso político y ahora están a punto de desaparecer del mundo judicial.

La semana pasada el fiscal federal Carlos Rívolo pidió el cierre de los dos expedientes por inexistencia de delito. Se trataba de acusaciones mutuas: Morgado dijo que Rachid lo había amenazado y privado de la libertad mientras que la ex funcionaria apuntaba al actor por supuestas designaciones irregulares y manejo fraudulento de fondos.

Sin embargo, ninguno de los dos hechos tuvo el peso suficiente para ser considerado en la justicia penal. El fiscal no pidió la apertura de una investigación ya que luego de escuchar las ratificaciones de las denuncias y cotejar los datos, consideró que como máximo, podía tratarse de un problema administrativo interno del organismo antidiscriminación, potenciado por una dura pugna política.

Es que en junio pasado, cuando la Ciudad se preparaba para el comienzo de la campaña electoral y Rachid estaba en la lista de candidatos kirchneristas a la legislatura porteña, los dos funcionarios destaparon públicamente una batalla interna. Morgado era presidente de la institución y Rachid su vice pero el vínculo entre ellos fue escalando en tensión hasta que llegó casi a las manos: hubo gritos, empujones e insultos en la sede del INADI en medio de una discusión por designación de cargos.

Rachid llamó al 911 para denunciar que el actor estaba designando funcionarios sin su autorización.

Morgado, por su parte fue hasta la comisaría de la zona para alegar que había sido víctima de amenazas, privación ilegítima de la libertad y sustracción de documentación.

En términos políticos, el episodio derivó en la renuncia de los dos y en la intervención del INADI por 180 días con la promesa de una profunda auditoría que aún no arrojó resultados aunque está en plazo para hacerlo.

En el tramo judicial, ambos ratificaron las denuncias penales en junio y Rachid hasta llegó a la Oficina Anticorrupción para ampliar sus argumentos. Sin embargo, con el paso de los días, ninguno volvió a Tribunales para consultar el destino de sus presentaciones, y las averiguaciones del fiscal concluyeron que no había delitos en juego en esta pelea.

La decisión final está ahora en manos del juez Ariel Lijo que analiza el dictamen de Rivolo y decidirá finalmente el archivo o no del expediente. Es altamente improbable que el magistrado contradiga esa opinión porque la ley establece que el impulsa la apertura de la investigación es el fiscal.