En el informe final, propusieron crear una Oficina Anticorrupción porteña y la sanción de una ley de ética pública, crear un Observatorio de la violencia y el delito en la ciudad, la creación del ombudsman del sistema de seguridad y una auditoría externa de la Metropolitana; además, modificar la ley de seguridad privada, crear una base pública de empleados del gobierno porteño y modificar la ley de acceso a la información.