Publicado: 28-12-2010 


Santa Fe.- Mañana se firma el contrato con el nuevo prestatario, que pidió cobrar un peaje cercano a los cinco pesos en cada cabina apostada. Además, el gobierno aplicaría un cargo para fondos de obras que lo elevaría a seis

Mañana a las 11.15, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, se firmará el contrato con la nueva prestataria del servicio vial en la autopista Santa Fe-Rosario, que es un pool de empresas provinciales.

El acto será encabezado por el gobernador Hermes Binner; el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, y el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano, entre otras autoridades del Poder Ejecutivo.

En la oportunidad, también se dará a conocer el nuevo cuadro tarifario que tendrá el servicio de autopista, aunque se prevé que por cabina (hay dos en el todo el trayecto) el peaje tendrá un costo de cinco pesos, a lo que habrá que sumarle un "cargo" que colocará la provincia para la realización de obras complementarias en el corredor de 157 kilómetros de largo.

De esa manera, si el "cargo" para el fondo de infraestructura fuese de un peso, viajar en automóvil de Santa Fe a Rosario –o viceversa– podría tener un costo que rondaría los 12 pesos a partir del 30 de diciembre de 2011, que será la fecha en que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) –constituida por Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA– comience a operar el sistema.

Dicha UTE se denominará ARSSA, Autopista Rosario-Santa Fe Sociedad Anónima, y en la etapa licitatoria había ofertado un peaje a 4,98 pesos. En tal sentido, una resolución interna del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente convalidó ese valor (en realidad se redondeó en cinco pesos), lo que representa un incremento del 43 por ciento respecto de la tarifa actual para automóviles, que es de 3,50 pesos.

Es obvio que el resto de los vehículos (como camiones y camionetas, entre otros) tendrán que abonar un peaje con un aumento porcentual similar, además del "cargo" o adicional que cobrará el Estado en la tarifa. Sin embargo, una fuente oficial indicó que en la firma del contrato se podrían anunciar algunos beneficios –descuentos– para los vehículos patentados en el territorio santafesino, aunque esa versión no fue confirmada por las autoridades del ministerio antes mencionado.




La firma ARSSA se hará cargo de la autopista por los próximos 10 años a las cero horas del 30 de diciembre, y así el gobierno de Hermes Binner cerrará una etapa conflictiva en cuanto al modo en que se realizó toda la operatoria. En ese sentido, es de recordar que a fines de junio pasado, después de 15 años como prestadora, la empresa Aufe SA se retiró de la concesión porque el Estado no le quiso renovar el contrato.

Tal determinación del privado tomó por sorpresa al gobierno provincial, que en tiempo récord salió del aprieto con una contratación directa –que quedó en manos de Consorcio Vial SA– por 180 días, mientras se encaminaba el proceso licitatorio del nuevo concesionario. Ese trámite fue objetado por toda la oposición en la Legislatura al considerar que el Ejecutivo tuvo tiempo suficiente para hacer una licitación o, en todo caso, hacerse cargo del servicio en lugar de dejarlo en manos de una empresa.

También el Tribunal de Cuentas de la provincia objetó los pasos administrativos que se hicieron, por considerar que no había condiciones objetivas para hacer una contratación directa. Incluso el radicalismo, en el mismo recinto de la Cámara de Diputados, se quejó del accionar del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, al que le atribuyeron mucho hermetismo y pocos resultados.

En aquel momento, desde el justicialismo plantaron la sospecha de que Hermes Binner dio a Consorcio Vial la prestación de la autopista porque una de las empresas que componen esa sociedad anónima es Supercemento Saic, firma a la cual la provincia le debe varios millones de pesos por la construcción de la obra de Circunvalación Oeste en la ciudad de Santa Fe.

Esos planteos políticos y jurídicos (de la oposición y del Tribunal de Cuentas) se trataron de salvar con un dictamen que emitió el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, quien convalidó la tesis de la falta de tiempo para licitar y por ese motivo se optó por la contratación directa. Sin embargo, el diputado justicialista Luis Rubeo hizo su propia interpretación sobre el dictamen y denunció todo el procedimiento ante la Justicia.

"Después de haber visto, leído y releído el dictamente del fiscal Barraguirre, cada vez me queda más claro que el expediente fue hecho en forma posterior a la adjudicación", expresó Rubeo en septiembre pasado, y ratificó en una fiscalía las presuntas irregularidades y falsedades en la concesión.

"Seguimos creyendo que se trata de una contratación absolutamente viciada de nulidad, realizada en tiempo récord, sin licitación, sin concurso de precios, sin consultas a las empresas proveedoras del Estado, justificada en una urgencia inexistente y llevada adelante mediante un trámite administrativo desordenado que consta en un expediente cargado de inexactitudes, irregularidades y falsedades", agregó Rubeo en aquella ocasión.

Mientras las críticas arreciaban, el gobierno licitó el 17 de agosto pasado la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario. Tres grupos presentaron ofertas técnicas, es decir, además de las firmas Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA; también lo hicieron las UTE conformadas por Iecsa SA y Creaurban SA, y otra por Supercemento Saic, Petersen Thiele y Cruz SA y Edeca SA Empresa Constructora.

Finalmente, después del análisis que hizo la comisión evaluadora, el 10 de noviembre último se develó la incógnita: el gobierno de la provincia adjudicó al primero de los grupos nombrados la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario. La decisión quedó consagrada a través del decreto Nº 2.236/10, que fue firmado por el gobernador Hermes Binner y el ministro de Aguas, Medio Ambiente y Servicios Públicos, Antonio Ciancio.