Publicado: 27-12-2010 
 

Santa Fe.- El concejal justicialista Sergio Ripoll tiene expectativa en relación a uno de sus más recientes trabajos, el proyecto de ordenanza a través del cual se dispone la creación del Tribunal Municipal de Cuentas, iniciativa remitida la semana pasada a las comisiones internas de Hacienda y Gobierno del órgano legislativo local. Una vez instrumentado, el tribunal trabajaría sobre el objetivo principal de monitorear y evaluar la administración municipal en todo lo concerniente a movimientos financieros y patrimoniales, ya sea los del Estado central, como los del propio Concejo y el de los distintos entes descentralizados que mantienen cierta dependencia con el municipio (como el Ifee, por ejemplo, que es cogestionado por la Municipalidad de Santo Tomé, el Centro Regional del Comercio y Fundación Vintec).

Ripoll -que sabe que la discusión sobre este asunto se va a dar recién en 2011 en el recinto- remarcó que se basó en varios ejemplos para elaborar su propuesta, como ser organismos similares existentes en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Salta, así como el Tribunal de Cuentas de la provincia. "El control permanente a la economía financiera pública no representa una finalidad en sí mismo, sino una parte imprescindible de un mecanismo regulador, el que debe señalar, oportunamente, las desviaciones e infracciones a la normativa", aclaró después el referente de Futuro con Dignidad. "De tal modo, una vez detectadas esas anomalías, se podrán aplicar las medidas correctivas convenientes para cada caso, determinarse las responsabilidades, exigirse la indemnización correspondiente o adoptarse las determinaciones que impidan, o por lo menos dificulten, la repetición de tales infracciones en el futuro", completó el concepto anterior.


"Este ámbito de control está concebido como un organismo técnico, con actuación sobre todo movimiento económico del municipio y dominio del marco legal en el cual se dan los mismos; se trata de un órgano constitucional, de extrapoder, que puede juzgar la actuación de todos los funcionarios, empleados o personas que administran fondos del propio Estado municipal o de cualquier entidad en la que éste tuviera injerencia; su primera y fundamental función es de tipo jurisdiccional", siguió explicando Ripoll.

Al Tribunal de Cuentas lo integrarían tres miembros vocales (dos contadores y un abogado, o viceversa) elegidos oportunamente por concurso, a propuesta del Ejecutivo y posterior aprobación del Concejo. Serían asistidos por un contador fiscal general designado por el Concejo, también previo concurso público.

"La función jurisdiccional resguarda la realización del juicio de cuentas, que implica la verificación de la adecuación a la legalidad vigente de todos esos movimientos, para proceder luego a la aprobación o no de las cuentas rendidas", añadió el edil. "La creación del Tribunal de Cuentas pretende satisfacer las necesidades de la comunidad en materia de control de la actividad financiero patrimonial municipal, para asegurar la transparencia y prevenir actos de corrupción, así como procura que se desarrolle el control de la administración de los fondos públicos con integridad moral e independencia de criterio, en un ámbito de respeto de la ley, de las instituciones y las personas", finalizó Ripoll.