Ushuaia.- Ante una recomendación formulada por el Tribunal de Cuentas, la gobernadora Fabiana Ríos extendió el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas; requisito que obliga la ley que creó el «Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales» y que fue reglamentada recién por la actual gestión de Gobierno del ARI.

En el decreto 2166/10, la mandataria había impuesto el 31 de octubre como último plazo para la presentación de la mencionada documentación. Ahora, con la firma del decreto 2577/10, resolvió que ese plazo sea extendido por un mes más, operando el 30 de noviembre la finalización para cumplir con ese requisito.

La presentación de las declaraciones juradas tiene como por objeto disipar cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito en la función pública, justificando todo crecimiento patrimonial que se pueda producir de un año a otro, mientras el funcionario se encuentra en el cargo.

Es el Tribunal de Cuentas el organismo encargado de recepcionar las declaraciones juradas y llevar adelante el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de la Ley 352, que puso en marcha ese instituto que hace a la transparencia en la función pública.