Hay inspecciones no contempladas, atraso en el padrón de habilitaciones y categorías dudosas

El sistema de habilitaciones y controles de la ciudad posee desde hace muchos años puntos oscuros que suelen servir como puerta de acceso a la corrupción. Así lo admiten funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y de gestiones anteriores, legisladores porteños, profesionales vinculados a la verificación de instalaciones y vecinos. Lo hacen bajo estricta reserva de sus identidades porque no pueden ofrecer pruebas de la existencia de las anomalías que, todos sospechan, se cuelan por los agujeros negros del circuito de habilitaciones y fiscalización. 

Varios de estos puntos oscuros fueron denunciados, además, con nombre y apellido, por la Auditoría General de la Ciudad y por la Defensoría del Pueblo porteñas. 

Las fuentes hablan, por ejemplo, de que los peritajes realizados por los profesionales (arquitectos e ingenieros de distintas especialidades, maestros mayores de obras, mecánicos electricistas, técnicos en telecomunicaciones) que verifican obras, ascensores e instalaciones comerciales no son vinculantes. 

Por lo tanto, un informe negativo puede no frenar una habilitación ni generar una sanción y hasta puede ser usado -aseguran los afectados- para presionar a los dueños del inmueble con un objetivo que no es necesariamente la regularización de la situación. En el mismo sentido, un informe satisfactorio puede no traducirse en el otorgamiento rápido de un permiso o habilitación. 

Otro punto deficiente del esquema de verificaciones salió a la luz tras el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, en Palermo, que provocó dos muertes. La parte edilicia de un inmueble que pide autorización para funcionar como comercio se verifica al comienzo del expediente; si el local sigue abierto durante muchos años, por ejemplo 15, nadie vuelve a chequear si las instalaciones sufrieron deterioros y se han vuelto inseguras. 

"La inspección previa a la habilitación es una foto. Después, los empresarios pueden efectuar modificaciones y no declararlas o bien pueden envejecerse algunos materiales y el Estado no lo detecta", describieron las fuentes. 
Los inspectores que revisan la infraestructura para eventos masivos monitorean, en realidad, sólo los requisitos de seguridad (puertas de emergencia, matafuegos, certificados contra incendios, materiales ignífugos) y administrativos (plancheta de habilitación, contratos, etc). De esta manera, una falla edilicia podría provocar una tragedia sin ser advertida de antemano. 

La creación en 2000 del cuerpo de profesionales verificadores de obras, que luego incluyó ascensores y habilitaciones, surgió en un intento del Estado porteño por tercerizar estos servicios para, a la vez, no sobrecargar la estructura burocrática y obtener una opinión independiente. Sin embargo, el verdadero poder en la calle lo retiene la estructura inspectiva, que es la que cuenta con poder de policía para aplicar sanciones, a diferencia de aquéllos. Es un secreto a voces que los responsables de los locales buscan el contacto con los inspectores o con las autoridades de Fiscalización y Habilitaciones. 

En la estructura de control hay acusaciones cruzadas. Mientras las autoridades reconocen que pueden sobrevivir aun inspectores que hacen la vista gorda ante las irregularidades, las bases dicen que reciben órdenes de las "altas esferas" para no ir a determinados locales. 

Alerta institucionales 

Dos informes de la Auditoría General de la Ciudad (Agcba) sobre las direcciones generales de Habilitaciones y de Fiscalización revelaron que en 2008 era escasa la cantidad de inspectores, que los cronogramas de inspecciones no alcanzaban para detectar muchas irregularidades -como sucedió con Beara, que organizaba fiestas ilegales los jueves a la noche y no recibía controles en esos días- y que los padrones de comercios habilitados estaban desactualizados, por lo que los inspectores no encontraban los locales que iban a verificar en el domicilio indicado. 

"Casi 15.000 de las 56.596 inspecciones no dieron resultado por ese motivo", explicó Sandra Bergenfeld, presidenta de la Agcba. 

Sobre la existencia de anomalías en el sistema de habilitaciones también había advertido la Defensoría del Pueblo: "Hay vicios históricos que se mantienen y conducen inevitablemente a la violación de la normativa vigente. Las tramitaciones en distintas reparticiones sin el cruzamiento de datos permiten burlar las normas", dijo el defensor adjunto Atilio Alimena. 

En los últimos tiempos, y especialmente después del derrumbe en Beara, también parece confirmarse que algunas categorías de habilitación de locales simplemente sirven como una pantalla para ocultar actividades de baile no autorizadas. 

Esto sucedería, por ejemplo, con la habilitación de locales en la categoría "salones de fiestas privadas". No es un dato menor que, desde 2007, el registro oficial de boliches bailables, en el que se inscriben todas las discos, permanece casi estático con 97 inscriptos, mientras en la calle crece cada vez más la oferta para bailar. 

Curiosamente, desde principios de 2008 hasta la actualidad el gobierno habilitó 48 nuevas casas para fiestas privadas, entre ellas Beara que, en realidad, organizaba bailes pagos. 

Sobre este punto oscuro los familiares de las víctimas de Cromagnon afirman haber alertado al responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, 48 horas antes del derrumbe en Beara. "Es paradójico que hayamos sido nosotros", dijo José Iglesias, padre de Pedro, una de las 194 víctimas de aquel incendio ocurrido en 2004. 

Otro recurso contemplado en el sistema, pero que abrió la puerta a la discrecionalidad, es el otorgamiento de permisos excepcionales para hacer bailes a establecimientos habilitados con otro fin. 

La experiencia demostró que el instrumento legal se desvirtuó por completo, ya que llegó a otorgarse dos veces por semana a algunos bares, que evidentemente recurrían a este artilugio para no habilitarse como locales bailables. Cuando trascendió esta irregularidad, el gobierno porteño anunció que dejaba de entregar estos permisos por 30 días.