Buscan evitar baches en las prestaciones y abusos en los precios.

Por exigencia de la Sindicatura General de la Nación, la Superintendencia de Salud se comprometió a regular los precios y los servicios de las empresas de medicina privada que se contratan a través de una obra social. El plazo para concretar la medida oscila entre los 60 y 210 días.

Así surge del Acta Compromiso firmado por esos dos organismos, al que accedió Clarín, que también especifica que la Superintendencia debe asegurar que los beneficiarios de obras sociales que estén en crisis o en convocatoria de acreedores (caso La Bancaria) reciban atención médica adecuada.

Esos compromisos se adoptaron porque la SIGEN, en un informe sobre el sector, detectó muchas irregularidades en el funcionamiento y control de las obras sociales. Y entre ellas en los planes médicos llamados "superadores", que son los que otorgan determinadas entidades prepagas a beneficiarios de obras sociales para acceder a mejores servicios a cambio de pagar una diferencia o plus por encima del aporte obligatorio al sistema.

"El 90% de las prestaciones de las obras sociales respecto de los planes superadores se encuentran observadas. Teniendo en cuenta que el Plan Superador conlleva un cobro adicional a los beneficiarios debería adoptarse un criterio más estricto respecto de los requisitos a cumplir por parte de la obra social para que la Superintendencia de Servicios de Salud proceda a su aprobación", plantea la SIGEN.

Según datos oficiales, por el " sistema de traspasos, hay un millón de personas que accede a una prepaga a través de un convenio con alguna obra social, pero esos contratos tienen muchos puntos oscuros. Por ejemplo, no está en claro quién -si la prepaga o la obra social- es responsable de brindar los servicios médicos y qué pasa si el afiliado se queja.

Muchas veces la empresa de medicina prepaga y la obra social "se pasan la pelota" en perjuicio del asociado. Y aunque el afiliado paga como si recibiese un servicio privado, en caso de necesitar un tratamiento de alta complejidad esa atención médica es cubierta por el sistema de salud a través de la APE (Administración de Programas Especiales).

De esta manera, el Fondo de Redistribución de las obras sociales termina financiando servicios que, en definitiva, son privados y están fuera del régimen del Sistema de Seguridad Social.