Publicado: 22-03-2010
 
Tucumán.- La fiscala Carrizo debe elevar la requisitoria penal al juez Pisa antes de investigar la autorización de Yedlin a pagar $ 800.000 por cursos. El Tribunal de Cuentas rechazó el expediente. El teléfono de la fundación está a nombre de Raúl Penna, colaborador del ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur.

Esta semana puede resultar determinante para conocer el futuro que tendrá la investigación judicial en torno a la contratación de una fundación que dictó cursos al personal de Siprosa por $ 800.000.

La fiscala María de las Mercedes Carrizo tiene previsto elevar hoy la requisitoria penal al juez de la III Nominación, Francisco Pisa. La funcionaria está al frente de la investigación jurisdiccional luego de un conflico de actuación que mantuvo con su par de la IV Nominación, Carlos Sale. Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Penal resolvió hace 10 días que ella instruyera la denuncia penal presentada por los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR).

Los opositores piden que se instruya una causa a partir del rechazo formal del Tribunal de Cuentas a un pago autorizado por el ministro de Salud, Pablo Yedlin, en favor de la Fundación Salud (Funsal). Esta entidad no tenía reconocimiento de la Dirección de Personas Jurídicas cuando inició la capacitación en endodoncia a odontólogos y a asistentes del Siprosa.

Privilegios

Como el principal denunciado es el ministro Yedlin, que goza de privilegios constitucionales, la fiscala Carrizo debe solicitarle al juez Pisa que motorice la investigación a partir de la solicitud del expediente oficial, medida que sólo puede ser ordenada por el magistrado. 

Concretamente, Carrizo pretende contar con una copia del expediente oficial firmado por Yedlin, mediante el que se avaló el pago a la Fundación Salud (Funsal) por el dictado de los cursos "Endodoncia Complementaria al Saneamiento Básico". Los elementos sobre los que girará la investigación la fiscala apuntan precisamente a algunas de las objeciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en el Acuerdo Nº 188, mediante el que se rechazó el pago. El órgano de control cuestionó que el listado de estudiantes (odontólogos y auxiliares del Siprosa) no haya sido acompañado por el número de documento de cada uno, como así tampoco de una constancia de la Dirección de Personal que acredite su pertenencia al Siprosa. Además, observó que el Ministerio de Salud no haya adjuntado la nómina de profesionales que dictaron los cursos de capacitación.

Efectivamente, desde que se publicó el Acuerdo Nº 188, el 18 de febrero, este diario intenta en vano que el ministro Yedlin haga pública la lista de casi 100 empleados que, según dijo, completaron la capacitación de Funsal. Como contrapartida, la respuesta del Ministerio de Salud siempre fue negativa.

Otra cuestión sobre la que pretende indagar la fiscala es la incongruencia entre la fecha de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009) y la de inicio de actividades de la Fundación Salud (2 de julio) y del convenio con el Siprosa (19 de agosto). Paralelamente, la relación entre el presidente de Funsal, el chileno Héctor Silva Olivares, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Raúl Penna, será parte de las pesquisas. En rigor, el teléfono de la sede social fijada por Funsal (un departamento céntrico) está a nombre de Penna, estrecho colaborador del ministro de Salud nacional, el vicegobernador (en uso de licencia), Juan Manzur.