Conclusiones

Continúan apareciendo cifras de dinero que se pagaron sin respaldo en la intendencia capitalina, según los informes contables que recibió el juez Coria Vignolo.

El trabajo de los peritos contables que revisaron los números de la Municipalidad de la Capital develó que casi $1.800.000 fueron abonados con fondos públicos sin que hubiera un respaldo real del destino de los mismos. Esta cifra se suma a otros montos millonarios que investigan en relación a pagos y a comprar de vehículos y bienes inmuebles en el país y en el Uruguay. En la resolución del juez Juan Coria Vignolo, por la que procesó a 21 de los 24 imputados que tenía la causa por presunta defraudación calificada y supuesta asociación ilícita, destaca que los contadores detectaron sumas efectivamente pagadas que "se pretendieron justificar con facturas apócrifas, adulteradas o inexistentes". El magistrado reflejó que el monto global que no tendría justificación administrativa correcta asciende a $1.795.579. En relación a esta presunta irregularidad, el juez expuso que "(se) permite concluir que los funcionarios públicos Julio Alegre, Marcelo Bustos, Oscar Farías y María González Carol malversaron en provecho propio cuanto menos el diez por ciento de las partidas habilitadas a la Secretaría de Planeamiento del Municipio en el período 2008/09". 

Justamente dicha repartición y la Subsecretaría de Cultura y Turismo son donde los pesquisas han centrado su atención, debido a que se habría comprobado que allí se efectuaron las erogaciones corrientes más importantes, en cuanto a montos y periodicidad. Otra de las modalidades delictivas detectadas fue la de hacer licitaciones cerradas para la compra de bienes y maquinarias, para lo cual se afectaban fondos específicos, parte de los cuales en realidad no eran utilizados para lo que se había autorizado. En ese sentido, el funcionario judicial definió como "el segundo modus operandi, consistió en la sustracción de fondos con destino específico". Un ejemplo de esta operatoria fue un decreto, del 25 de julio de 2007, para la compra de un camión y una retroexcavadora, por un monto total de $391.580. El entonces intendente Julio Alegre designó a Farías y a González Carol como los responsables de la Caja de Ahorros Nº 67, siendo su superior, Marcelo Bustos, el "responsable alterno" de la administración de esos fondos. Pero de la investigación surgió que sólo se habría comprado la retroexcavadora, por la que se pagaron $298.898. Al hacerse la resta del monto asignado al que se invirtió en esta máquina, tendría que haber quedado un saldo acreedor de $92.682, pero de acuerdo con el informe que elevó el Tribunal de Cuentas municipal, al 1 de Mayo de 2009, dicha cuenta sólo tenía un saldo a favor de $1.340. Según habría declarado Farías en el expediente, "el dinero faltante fue entregado por el encartado al imputado Julio Alegre, recibiendo el efectivo su chofer (Roldán)". Inminente. El relevamiento y la tasación de los inmuebles locales atribuidos a Julio Alegre, encomendada a personal de la División Delitos Económicos, dejó abierta la posibilidad de que en breve se resolviera la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito el ex jefe comunal. Cabe recordar que el fiscal, Ramón Gómez, había considerado "risible" la pretendida justificación del crecimiento patrimonial que realizó la defensa del ex funcionario.