Funcionarios de distintas provincias participan en Paraná de la sexta reunión del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción. Del acto de apertura del encuentro participaron, en representación de Entre Ríos, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; la secretaria de Justicia, Lucila Haidar; la secretaria General, Sigrid Kunath; el vicegobernador José Lauritto; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Gustavo Acosta.

El vicegobernador puso de relieve que las políticas en materia de anticorrupción son "un compromiso de todos", y apuntó que "claramente los delitos contra la Administración Pública exigen compromiso de todos más allá de algunas hipocresías", sostuvo.

Lauritto dijo aspirar a que "lo que está consagrado en la Constitución pueda cumplirse; a que el Código de Procedimiento en materia penal comience a funcionar como se está requiriendo y se está haciendo un esfuerzo en ese sentido". 

Fiscalía

Por su parte, Rodríguez Signes señaló que el organismo a su cargo "es un órgano de representación judicial, pero también de control de legalidad de la actividad administrativa por mandato constitucional, ya que es inherente a nuestra función la detección e investigación de los delitos contra la administración pública y los hechos de corrupción", definió.

Explicó a los representantes de otras provincias y de la Nación que "en la reforma constitucional de la provincia de Entre Ríos, en el año 2008, se creó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, órgano específico que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal; en tanto la Fiscalía de Estado, a través de la Oficina Anticorrupción, detecta e investiga los hechos de corrupción y colabora con esa Fiscalía".

A su turno, el responsable da la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de la Fiscalía de Estado, Gustavo Acosta, comentó que la jornada implica un trabajo conjunto "entre diversos organismos nacionales, provinciales y municipales que integran las cuestiones relacionadas con políticas de transparencia y anticorrupción. Son reuniones que se realizan en diversos puntos del país", indicó.

Con respecto a la dinámica de trabajo, el funcionario indicó que "La idea es intercambiar la experiencia y si en estos foros surgen nuevas propuestas, normativas o rediseño de instituciones se busca plasmarlo en cada uno de sus jurisdicciones", insistió.

Local

Entre Ríos, en la materia, hoy atraviesa un impasse en la estructuración de sus organismos de control. Es que además de la Contaduría, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas con sus funciones específicas, quedó la Oficina Anticorrupción y de Ética Pública cuya creación está prevista en la misma ley que declaró la desaparición de la vieja Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), creada en tiempos de Sergio Montiel. 

La Oficina Anticorrupción, entonces, encontró su forma institucional a través de un decreto firmado por Jorge Busti en los primeros días de su tercer mandato (2003 - 2007). Allí se contempló un organismo, dependiente de la Fiscalía de Estado y facultada solo para iniciar investigaciones promovidas por el fiscal o el gobernador. La reforma de la Constitución no previó darle rango institucional a la oficina ni la mencionó como área dentro de otro organismo de control. En cambio, contempló la Fiscalía específica dependiente del Ministerio Público, tal como lo mencionó Rodríguez Signes. Sin embargo, a dos años de entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, ese organismo aun no ha sido creado.