Severas cuestiones al manejo del expediente de concesión

Fabián Lliteras, presidente de la comisión de Interpretación, Asuntos Legales y Derechos Humanos, y Marcelo Ciccola, titular del cuerpo, son blanco de las críticas.

Duras críticas formuló parte del sector opositor del Concejo Deliberante a la decisión de Fabián Lliteras, presidente de la comisión de Interpretación, Asuntos Legales, Derechos Humanos y Garantías, de remitir el expediente de la concesión de la terminal de ómnibus al Ejecutivo, sin cumplir con el tratamiento legal correspondiente.

"Algunos creen que aquí, con picardía, se pueden resolver los temas. Esto no se vio nunca en este Concejo y yo estoy dispuesta a ser un freno para los pícaros que pretendan obviar los trámites formales". De esta manera sintetizó Elisa Quartucci (Coalición Cívica-GEN) su fastidio por la actitud de Lliteras de devolver al Ejecutivo el expediente de adjudicación a la empresa Terminal Buenos Aires (Teba), al considerar que el CD ya manifestó su aval a lo actuado, al haber designado a dos concejales para integrar la comisión que analizó las ofertas de los tres interesados en esa concesión.

El cuestionamiento de Quartucci refiere que el mencionado expediente debía ser analizado por tres comisiones del CD, la citada, la de Tránsito y Transporte y la Primera de Hacienda. Sin embargo, fue evaluado sólo por la primera de ellas, con un dictamen que concluye que la adjudicación debe ser definida por el intendente municipal con la firma de tres de sus cinco integrantes, Lliteras y los radicales Oreste Retta y Roberto Ursino.

"El trámite se cumplió de manera irregular, sin el debido tratamiento y sin que haya una explicación racional que haya motivado un camino que el CD nunca ha recorrido para estas cuestiones. Por eso solicitamos al Ejecutivo que se abstenga de avanzar con la elaboración del contrato, atento a los vicios existentes", señaló Quartucci.

En similares términos se manifestaron los concejales Esteban Obiol (Frente Para la Victoria) y Norberto Martínez (Integración Ciudadana), quienes elevaron una nota a Marcelo Ciccola, titular del cuerpo, para que informe, "de manera perentoria", sobre los motivos por los cuales el expediente fue remitido al Ejecutivo sin que la totalidad del Legislativo haya intervenido en su análisis.

"Tratándose de una cuestión delicada, con implicancias económicas y legales de relevancia para el municipio, solicitamos la vuelta del mencionado expediente en forma inmediata, para que sea resuelto siguiendo el procedimiento legal", señalan.

Sobre los motivos que impulsaron a Lliteras a devolver la documentación en esas condiciones, Quartucci sostiene que esto se debió a que la mayoría de la comisión Primera de Hacienda cuestionaba a Teba, debido al negativo informe de la Auditoría General de la Nación referido a sus incumplimientos en la terminal de ómnibus de Retiro.

"El expediente debía ser resuelto en forma conjunta por las tres comisiones y, posteriormente, analizado por el CD; máxime, al ser un tema controversial, opinable y polémico", argumentó.

De esta forma, a seis meses de haber sido remitido por el intendente Cristian Breitenstein al CD, "para que se la debata con un criterio no vinculante", de acuerdo con lo señalado por el entonces secretario de Economía y Hacienda, Hugo Borelli, la adjudicación de la terminal sigue sin definirse.

Mientras tanto, el edificio, inaugurado en diciembre de 2008, es sostenido por la Municipalidad, que le asigna, mensualmente, 240 mil pesos, con sus 17 locales comerciales desocupados y sufriendo falta de mantenimiento y vigilancia acordes con su escala y uso.

Desde la llegada del expediente de la concesión, los concejales no han logrado siquiera ponerse de acuerdo sobre si les corresponde o no emitir opinión respecto del tema. Prueba de ello es que, en seis meses, y a pesar de haber solicitado una opinión a la Asesoría General de la Provincia (AGP), la cuestión sigue sin resolverse.

El problema radica en definir si la terminal conforma un servicio público, en cuyo caso su concesión debe ser decidida por ordenanza del CD, o si se trata de un bien de uso, alternativa que prevé que sea directamente el jefe comunal quien resuelva su situación. 

Tan poco claro fue el informe de la AGP que algunos ediles sugieren realizar una consulta adicional al Tribunal de Cuentas de la Provincia. La realidad es que, por sobre estas consideraciones, el oficialismo, el radicalismo y la Unión Pro consideran que la adjudicación debe definirla el intendente, mientras que el resto de los bloques pretende que, al menos, el tema se discuta en el recinto.

Para Elisa Quartucci, la terminal de ómnibus es como cualquier carrito del Parque de Mayo: un bien municipal, cuyo uso y explotación deben ser autorizados por el CD.

La otra cuestión a considerar es qué sucederá si el Ejecutivo devuelve el expediente. La nueva conformación de las comisiones del CD permitiría que el mismo sea aprobado en Tránsito y Transporte, comisión de la que participan Soledad Espina y Fabián Lliteras (FV-PJ), Gerardo Veroli y Roberto Ursino (UCR) y Carlos Paoletti (Integración Ciudadana).

En la de Hacienda, ya no están Andrés De Leo y Julio Ruiz (contrarios a la adjudicación) y se han sumado Esteban Usabiaga (FV-PJ), Julián Lemos (Unión Pro) y Carlos Ocaña (UCR), que avalarían la postura de devolverlo al Ejecutivo, para su resolución.

En definitiva, el regreso demorará una decisión que pareciera dar vigencia al decreto de adjudicación a Teba que el jefe comunal firmó en los primeros días de agosto de 2009.

"Lliteras pretendió que la opinión de su comisión sea interpretada como la de todo el CD. Cuando discutimos el tema, le dije que él no podía mandar el expediente al Ejecutivo sin el dictamen de las otras dos comisiones. "Claro, ¿cómo voy a hacer eso?", me contestó. Al tiempo, nos enteramos, por "La Nueva Provincia" , de que ya estaba en el Ejecutivo". Elisa Quartucci.

Lorena acuna a uno de sus mellizos, acurrucada en un asiento que "sobrevive" cerca de los baños. Su mamá hace lo mismo con el otro varoncito. Los bebés nacieron el 28 de diciembre, en el hospital Penna, y ayer se iban para Patagones, luciendo sus batitas celestes.

La madre y la abuela se las arreglaron como pudieron, pero los chicos están sanitos y cualquier incomodidad queda de lado.

Daniela tiene 23 años y un hijo de 15 meses. Recostada en el suelo, junto al ventanal del andén 19, esperaba la unidad de Andesmar que la llevaría hasta Posadas (Misiones).

"Debió salir a las 11.25, pero llevo dos horas esperándola. Encima, como no hay un lugar para ubicarse, no me queda otra que recostar al nene entre las valijas y estirarme en el piso", dijo, con una resignada sonrisa. Del colectivo, ni miras. Además, una vez en marcha, tenía por delante, al menos, 25 horas de viaje.

En la casi flamante terminal, cada vez son menos las butacas sanas y, retiradas las rotas, sólo quedan los sostenes de hierro, con los espacios vacíos.

No es lo único que argumenta las quejas. También se sumaron los reclamos por las demoras reiteradas y por el costo de lo que se vende en los bares: 8 pesos una gaseosa; 6, el café; 18, un pebete; 14, un tostado, o 26, una hamburguesa completa.

En la víspera, los mayores retrasos se advirtieron en las líneas que cubren el trayecto entre Río Gallegos-Puerto Iguazú y Bariloche-Buenos Aires.

Las denuncias de los pasajeros pueden radicarse en la oficina 56, donde, de 9.30 a 16.30, funciona la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

El secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, ingeniero Rubén Valerio, explicó a este diario que las sillas elegidas para espera de la terminal eran "de mediana calidad", especulando que el futuro administrador debe proveer un equipamiento adecuado para la intensidad del uso del espacio.

"El problema es que la concesión se demora más de lo previsto, con lo cual, prácticamente, se han roto todas las sillas. Algo similar ocurre con los picaportes y otras partes del edificio".

El funcionario agregó que, al ceder la administración, se reforzarán el mantenimiento y la vigilancia.

El doctor Claudio Pontet, asesor legal del municipio, aseguró, por su parte, que el contrato de concesión establece precios topes para el servicio de la confitería, con valores adecuados al mercado.

Similar situación de inequidad se advierte en el quiosco que funciona en la terminal, que cobra, por una botella de agua mineral, poco más del doble del valor al que se la obtiene en un local similar de calle Drago, a pocos metros del lugar.

"El problema es que la concesión se demora más de lo previsto, con lo cual, prácticamente, se han roto todas las sillas. Algo similar ocurre con los picaportes y otras partes del edificio".