Mendoza.- El Tribunal de Cuentas asegura que hay expedientes por más de 140 millones sin auditoría. No se certifica el recorrido de los colectivos y los empleados aseguran que reciben amenazas de los empresarios y por eso les pagan sin chequear el servicio.

Los subsidios se pagan en tiempo y forma, incluso bajo amenaza, según según declaran algunos funcionarios. Pero nadie controla y tampoco garantiza que el servicio se cumpla. El problema es que se trata de más de 100 millones de pesos al año y uno de los principales servicios públicos. 

Los subsidios que el Estado paga a las empresas de transporte de pasajeros no tienen control. Incluso, se pagan de manera "provisoria" sin que esté certificado que cumplen los recorridos, que tengan seguro y los servicios como corresponde. "Muchas veces se paga bajo amenaza de los empresarios de cortar el servicio", declararon los funcionarios. 

Los testimonios y las pruebas figuran en un expediente en el que el Tribunal de Cuentas investiga las irregularidades que en realidad se acumulan como una bola de nieve desde que está vigente la nueva concesión, en 2005. 

Ahora, analizando las cuentas de 2008 de la Dirección de Control de Servicios Públicos, cuestiona la falta de control y de rendición de cuentas por más de 100 millones de pesos, en donde hasta se sugiere que se puede denunciar a funcionarios y empleados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

En el fallo 15.940 el Tribunal detalla una serie de irregularidades en el pago de subsidios. Pero además de eso, en el expediente se trasluce las peleas internas en el Ejecutivo por la falta de control. Y hasta las amenazas de los empresarios del transporte. 

El Tribunal intimó a la Contaduría de la provincia porque, entre otras cosas, no hay una rendición de cuentas de lo que se paga.

"No se ubicaron rendiciones por un total de $ 144.264.223 correspondientes al pago de subsidios del transporte público de pasajeros", dijo el Tribunal. Y la respuesta es asombrosa. Una de las contadoras que tenía a su cargo el tema explicó que "las rendiciones no fueron controladas por falta de personal y equipo informático y que la situación descripta era de pleno conocimiento del Sr. Contador de la Provincia, a través de notas y expedientes en los que expuso las necesidades".

Desde el Tribunal de Cuentas aseguraron que no opinarían más allá del fallo porque el tema aún está siendo investigado en una "pieza separada". Y quieren evitar que las decisiones sean recurrida por "preopinar".

Cobrar, bajo amenaza

El sistema de transporte fundado por Julio Cobos hace que el Estado se haga cargo y le pague a las empresas por kilómetro recorrido. Para ello las arcas se nutren del pago del pasaje y para "compensar" la falta de fondos se pagan subsidios con el Fondo de Contingencias. 

Ese fondo crece enormemente año tras año, porque con eso se absorben todos los aumentos de costos sin que haya subas en el precio del boleto. La contraprestación que deben garantizar los empresarios es el cumplimientos de los kilómetros recorridos. 

Para ello el Gobierno debería controlar. El problema es que, según el Tribunal, no lo hace. Así, los subsidios se pagan sin que se certifique el cumplimiento de los recorridos.

El Tribunal dice que cuando se pagó "se constató que, en todos los casos los responsables no habían exigido el cumplimiento" de la ley. Y por eso faltaba la "certificación mensual de seguros, revisión técnica y obligaciones laborales... certificación diaria de los kilómetros recorridos autorizados", especifica el fallo.

Los funcionarios responsables explicaron que el sistema nunca funcionó. De hecho hasta el 2007 los colectivos no tenían el GPS para seguirlos y ahora, aunque los tienen, no son operativos. Pero lo más llamativo es que los encargados del pago aseguran que hay continuas amenazas por parte de los empresarios y explican que la situación es "grave y acuciante". 

"Si, por alguna razón, el pago se demora, los concesionarios se apersonan en la Dirección o concurren al Ministerio, amenazando con suspender la prestación del servicio. En estas condiciones, suspender el trámite administrativo de liquidación y pago... resultaría un acto de irresponsabilidad frente a la perspectiva de entorpecer seriamente la normal prestación de un servicio público esencial", se excusan los encargados del control.

Por eso aseguran que no frenan los pagos "para evitar la suspensión de un servicio público indispensable para la población y de consecuencias impredecibles en caso de cumplirse la amenaza de los Concesionarios".

En el Poder Ejecutivo hay serias diferencias internas por el problema. Desde la Dirección de Control de Servicios Públicos se desligan del problema y así el principal acusado por ellos y el Tribunal pasó a ser la Dirección de Vías y Medios de Transporte, quien debería controlar y no lo hace.