San Juan.- El gobernador José Luis Gioja envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley, que comenzó a ser estudiado por los legisladores en comisión a partir de la sesión de ayer, que limita las atribuciones del Tribunal de Cuentas de la provincia, como son llevar adelante juicios de responsabilidad para enjuiciar en sede administrativa a los funcionarios para que paguen con su patrimonio cuando le ocasionan un perjuicio económico al Estado. También obliga a que los miembros del organismo rindan sus cuentas ante los diputados porque hasta ahora el propio tribunal hacía el control de sus estados contables.

Ambas cuestiones, los juicios de responsabilidad, que fueron objetados por un fallo de la Corte de Justicia de San Juan en marzo de este año, y el control de las cuentas del tribunal por parte de la Legislatura local, que fueron motivo de un fuerte cruce entre los diputados y los miembros del organismo que se resistían a la decisión, venían siendo impulsadas por el Ejecutivo sanjuanino. Y ahora fueron plasmadas en un proyecto de ley que lleva la firma del gobernador Gioja y que incluso causó sorpresa ayer en la sesión de la Cámara porque los legisladores no estaban al tanto de los detalles del proyecto.

Es que ni el presidente de la bancada oficialista, Víctor Doña, ni el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Javier Ruiz, estaban al tanto de los detalles de la iniciativa y pidieron tiempo para hacer un análisis en profundidad.

También en el ámbito del Tribunal de Cuentas fueron sorprendidos por la iniciativa, dijeron las fuentes consultadas, porque si bien esperaban en algún momento el ingreso del proyecto recortándoles facultades, no sabían cuando se iba a producir. Por eso desde el organismo de control se excusaron de dar una opinión hasta tanto pudieran analizar en detalle el texto del proyecto.

Según fuentes legislativas, la intención en la bancada oficialista es apurar el análisis del proyecto en las comisiones de Hacienda y Presupuesto, que preside Ruiz, y de Legislación y Asuntos Constituciones, que encabeza Víctor Muñoz Carpino, para aprobarla antes de fin de año. A favor de las intenciones del oficialismo juega que las sesiones ordinarias fueron prorrogadas hasta fin de año.

Según la asesora letrada de Gobierno, Ana María Alcobas, que trabajó en la redacción del proyecto, "se ha respetado la organización que actualmente tiene el tribunal, pero había cosas que no estaban establecidas por ley sino que se habían sacado por actas o resoluciones. Por eso trabajamos para regularizar esa situación". Pero aclaró que no se ha modificado la estructura del organismo.

Lo que hizo el Gobierno fue confeccionar una nueva ley orgánica para el Tribunal de Cuentas de San Juan, que reemplazará a la Ley 5821, sancionada el 16 de noviembre de 1987, pero que, como dijo la asesora letrada Alcobas, conserva la estructura del organismo y hasta mantiene la posibilidad de aplicar multas a los funcionarios incumplidores.

Como explicación del porqué el Ejecutivo optó por impulsar una nueva ley orgánica del tribunal en lugar de modificar la actual, en los fundamentos del proyecto se habla de que no era suficiente eliminar los artículos que fueron declarados inconstitucionales por el fallo de la Corte de Justicia "sino que era necesario rever la totalidad de la ley dada la relación de los artículos declarados inconstitucionales con el resto del articulado".

En lo referido a la eliminación del juicio de responsabilidad, el criterio ha sido, siguiendo el fallo de la Corte, y según lo establece la Constitución Provincial, que el tribunal sólo tiene competencia para determinar el funcionario responsable y el monto y causa del cargo. Pero no puede "promover, tramitar y decidir juicios de responsabilidad". Es decir, instar para que paguen por los daños ocasionados al tesoro provincial. El criterio es que el tribunal determine los responsables del perjuicio y, con intervención de la Fiscalía de Estado, sea la Justicia Civil la encargada de cobrar.

Aunque si el organismo conserva la facultad de seguir adelante los llamados juicios de cuentas.

En cuanto a la obligación de que el tribunal rinda cuentas ante Diputados y no quedar sujetos a sus propio control, el argumento es que "el control dejaría de ser externo y pasaría a ser interno, cuando ese tipo de control no está delegado en el tribunal", cita el proyecto en sus fundamentación.

Y luego enumera una serie de provincias en las que el control es externo, como en los casos de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa y Jujuy, entre otras.