La Pampa.- El estado de acefalía en que se encuentra el Tribunal de Cuentas provincial desde hace casi dos años representa un grave déficit institucional que debe ser reparado cuanto antes. Como se sabe, a raíz del desfalco cometido en el Instituto Provincial de la Vivienda, una minuciosa investigación judicial concluyó en que el Tribunal de Cuentas, cuya función es el control del manejo del dinero público de las reparticiones estatales, había incurrido en serias fallas en su tarea.

Ello derivó en un enjuiciamiento que concluyó con la destitución de dos miembros de ese tribunal, los cuales actualmente se encuentran bajo investigación penal.

La situación, de la que no existen antecedentes en el medio, es de una gravedad extrema. Las sentencias del TdeC son las que otorgan seguridad jurídica a la ejecución del presupuesto, y las autoridades de ese cuerpo han sido destituidas por mal desempeño. Con este peligroso antecedente nadie está en condiciones de arriesgar de que en el futuro no se vuelvan a plantear casos similares de descontrol en otros organismos públicos como el que pudo perpetrarse en el IPAV. Está claro entonces que urge volver a jerarquizar ese cuerpo, que en nuestra organización institucional es el principal motor de lucha contra la corrupción en el Estado.

Ya la demora en seleccionar los posibles nuevos miembros -lamentablemente habitual en el Consejo de la Magistratura- plantea una situación grave. Ahora, el empecinamiento del Ejecutivo provincial en imponer un candidato de su gusto, que claramente no cuenta con el consenso imprescindible en la Legislatura, ha colocado la situación en un compás de espera de duración indeterminada.

No es del caso cuestionar aquí las cualidades profesionales del candidato del Ejecutivo, pero sin dudas su proposición ha resultado desafortunada.

El Tribunal de Cuentas requerirá una fuerte reestructuración, un borrón y cuenta nueva, para dejar atrás este pasado ignominioso. Para ello hacen falta no sólo profesionales competentes sino además con la juventud y la energía suficientes como para acometer lo que seguramente será una tarea de largo aliento. Además, la lucha contra la corrupción ha experimentado en los últimos tiempos importantes progresos en cuanto a técnicas y desarrollos doctrinarios que deben ser incorporados sin demora.

Y es que la tarea del TdeC es sumamente delicada, porque no sólo debe garantizar la legalidad de cada movimiento de fondos sino, además, debe obrar con el suficiente criterio para que su intermediación no termine siendo una máquina de impedir la ejecución del presupuesto y la asignación de recursos. Para muestra, baste el reciente caso de la necesaria compra de equipamiento para un establecimiento educativo.

El actual gobernador ya ha cumplido casi las tres cuartas partes de su mandato y nadie podría afirmar, ni mucho menos, que su reelección está asegurada. En cualquier caso, los funcionarios que se designen en el Tribunal de Cuentas lo sobrevivirán en la administración pública por bastante tiempo. Urge, entonces, que en esta cuestión de Estado no se antepongan las cuestiones personales y se resuelva sin más demora la elección, ya demasiado demorada, de los profesionales que cumplirán este rol tan delicado para la sanidad de las cuentas públicas.

El duro enfrentamiento que derivó en un escándalo de proporciones en la Legislatura entre diputados oficialistas y opositores en un claro ejemplo de cómo puede salirse de cauce un conflicto innecesario y, también, de cómo no se hizo lo suficiente por evitarlo a la hora de buscar puntos de vista comunes para restituir el normal funcionamiento de un organismo tan importante para el Estado.