La Justicia investiga por una presunta estafa a quienes administraron entre 2002 y 2007 un préstamo del Banco Mundial de cinco millones de dólares que estaba destinado al desarrollo de comunidades indígenas.
Rendiciones de gastos sin comprobantes, compras de bienes a nombre de particulares, servicios contratados sin presupuesto y una firma falsificada son algunas de las irregularidades detectadas.
El principal acusado es Héctor Jorge Nahuel, coordinador del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que hoy dirige Alicia Kirchner.
El mes próximo Nahuel deberá presentarse a declarar en Tribunales. El juez federal Sergio Torres lo citó a pedido del fiscal del caso, Guillermo Marijuán, que tiene delegada la investigación en su fiscalía.
En un escrito del 28 de noviembre pasado, Marijuán sostuvo que el responsable del "mal manejo" de los fondos fue Nahuel. Lo acusó de haber estafado al Estado y pidió su indagatoria. Tomó como base de su investigación informes de la Auditoría General de la Nación (AGN ), el máximo organismo de control de las cuentas públicas, que había detectado anomalías en la ejecución del crédito en los seis balances que revisó, desde 2002 hasta 2007.
"Existieron innumerables irregularidades en los cinco años establecidos para la finalización del proyecto de las comunidades indígenas que permiten sostener que hubo una administración fraudulenta del dinero que otorgara el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento [del grupo Banco Mundial] y el Estado argentino", afirmó el fiscal.
Por el momento, sólo pidió citar como acusado a Nahuel, pero advirtió que no podía descartar que hubiera "otros órganos" involucrados.
LA NACION consultó a voceros del Ministerio de Desarrollo Social, que no hicieron declaraciones. De manera extraoficial, dijeron que Nahuel renunció hace varios años, que el proyecto está terminado y que sigue abierto un sumario interno por el caso. Alegaron, no obstante, que las observaciones de la AGN habían sido "de forma y no de fondo". Es decir que no había dudas de que el dinero había llegado a sus destinatarios: las comunidades indígenas.
Para los investigadores, eso no está tan claro.
Es cierto que ninguno de los informes de la AGN demostró que se hubieran desviado fondos, pero las auditorías eran de carácter financiero y, según explicó a la Justicia uno de sus responsables, no buscaban "descubrir desfalcos". Para detectar una posible malversación hubiera sido "vital" un informe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo, sostuvo la Oficina Anticorrupción (OA). No hay datos de que ese informe se haya realizado. Cinco veces lo reclamó la OA, relató Marijuán.
Lo que sí encontró la AGN fue infinidad de irregularidades que, de acuerdo con Marijuán, jamás se subsanaron. "Falencias en la documentación de respaldo de las rendiciones, errores de imputación y falta de comprobantes", fueron algunas. Había, por ejemplo, viajes rendidos sin informar siquiera quién había sido el pasajero, bienes comprados a nombre de un coordinador y no de la comunidad, y contratistas elegidos en violación de los reglamentos.
La primera pista de las anomalías fue una serie de anónimos que recibió la OA en 2005. De inmediato, abrió un expediente por malversación que fue el origen de la causa judicial.
El préstamo había sido acordado en octubre de 2001 entre el Banco Mundial y la Argentina. En un primer momento, las comunidades alcanzadas eran la mapuche de Pulmari (Nuequén), la diaguita calchaquí de Amaicha del Valle (Tucumán) y la kolla de Finca Santiago (Salta), pero con el tiempo se amplió a otras.
El monto total comprometido fue de 5.892.000 dólares (a los 5 millones se sumó un aporte del Estado de otros 892.000). Esto es más de todo lo que gastó en 2008 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para el que trabajó Nahuel. Según datos oficiales, el año pasado el INAI tuvo un crédito disponible de 22 millones de pesos, pero sólo comprometió 17 y pagó 11.