Publicado: 14-11-2010
 
El Tribunal de Cuentas de Santa Fe criticó cómo se ponderan las ofertas que se presentaron. Sin embargo, el gobernador Binner ya firmó la adjudicación

La semana pasada se conoció que el gobernador Hermes Binner firmó el decreto Nº 2.236/10 por el cual se adjudicó a un pool de empresas santafesinas la concesión por 10 años de la autopista Santa Fe-Rosario.

La decisión de la provincia benefició a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integradas por las firmas Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas objetó la licitación y ahora se abre una nueva polémica.

Es de recordar que el justicialismo hizo una presentación judicial para que se investigue si la contratación directa de la actual concesionaria –Consorcio Vial SA– fue para beneficiar a las firmas que la integran, Supercemento y Edeca, y si hubo alguna irregularidad por parte de los funcionarios públicos que intervinieron.

En aquel momento, el mismo organismo contralor de la provincia había expresado que "no se encuentran razones para haberse obviado el concurso de precios", y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, tuvo que salir con un dictamen a convalidar las acciones administrativas del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.

Ahora, cuando parecía que el proceso de licitación llegaba a su fin con una adjudicación que en las próximas horas se hará efectiva, el Tribunal de Cuentas de Santa Fe advirtió sobre "la posibilidad de que los oferentes –tal cual ocurrió– propongan el menor valor posible por cada vehículo pasante, tomando en consideración sólo obras menores –en tanto no se encuentran especificadas las obras a realizar– y, luego, ante la necesidad de realizar trabajos mayores se renegocie el valor originariamente ofertado".

En ese sentido, las empresas Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA ofertaron un precio de peaje de 4,98 pesos, mientras que las otras firmas que compitieron en la licitación habían propuesto tarifas un poco superiores, arriba de los 5,50 pesos.

Las tres ofertas –de las UTE Iecsa SA y Creaurban SA; Supercemento Saic, Petersen Thiele Cruz y Edeca SA; y la que ahora resultó ganadora del proceso– se hicieron en un acto que se desarrolló el 18 de agosto pasado. Un par de días después, el 25 de agosto, el Tribunal de Cuentas en pleno remitió la nota Nº 8.746 al ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, donde plantea una serie de observaciones al pliego para la nueva concesión de la autopista Santa Fe-Rosario, aprobado por el gobernador Hermes Binner a través del Decreto 1.033/10.

En ese documento, según publica Radio Nacional Santa Fe, se indica que "queda en evidencia una preceptiva fundamental: la determinación del menor costo como único parámetro de ponderación a fin de determinar la oferta más conveniente. Ello presupone, inexorablemente, que las obligaciones a cargo de la contratista –en este caso las obras a realizar– se encuentren perfecta, absoluta y minuciosamente determinadas, y que no existe la posibilidad de ofertas técnicas alternativas; ya que, caso contrario, la mejor oferta no siempre será la de menor costo, en tanto deben compendiarse otras variables técnicas a fin de establecer la oferta más conveniente".

Al respecto, el organismo contralor señala que "la ecuación económico-financiera del concesionario que determine el importe del cargo por vehículo pasante debe incluir una base de cálculo que compendie la hipótesis de flujo de tránsito, el costo de las obras y la amortización de la inversión en el plazo de la concesión (10 años), así como cubrir los gastos de explotación y obtener una razonable rentabilidad".

"Esta hipótesis de ecuación económico-financiera sólo es factible si en la gestión se precisan de manera definida el perfil técnico y las exigencias estructurales de los trabajos a ejecutar. Tales aspectos no han sido debidamente precisados en este trámite; a lo que debe agregarse la falta de estudios previos que incluyan materias como: prefactibilidad técnica, económica, impacto ambiental, magnitud o flujo de tránsito esperado, valor estimado de la tarifa, costo estimado de la construcción (presupuesto), costos y gastos de explotación, conservación y evaluación integral del negocio", agregaron.