Virginia Cornejo solicitó una auditoría para la licitación 151/09 del Plan Diabesnoa

Publicado: 23-01-2010

 

Salta.- La legisladora del PPS, Virginia Cornejo, solicitó una auditoría para la licitación de Diabesnoa y pidió el cese de la intervención al IPSS.

La diputada provincial Virginia María Cornejo (PPS) remitió una nota al gobernador Juan Manuel Urtubey, solicitándole que encomiende a la Sindicatura General de la Provincia la realización de una auditoría o examen respecto de la Licitación Nº 151/09 del plan DAIBESNOA, instrumentado por el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS). 

Al mismo tiempo, la legisladora solicitó al mandatario que "hasta tanto se expida la Sindicatura General de la Provincia se suspenda el proceso de licitación que hoy se encuentra en curso". 

La diputada expresó en base a esto que su requerimiento se debe a que ha tomado estado público, a raíz de un artículo periodístico publicado recientemente por el sitio .com, que "las empresas oferentes habrían formulado propuestas sobre la base de valores superiores a los que en el mercado tienen los productos cotizados", conforme surge del relevamiento de precios realizado por dicho medio. Agrega que, según dicho artículo, las ofertas realizadas por las empresas que cotizaron "implican un sobreprecio que supera la suma de $ 400.000". 

"La gravedad de la denuncia realizada impone la necesidad de arbitrar los mecanismos de control aquí solicitados, a fin de dilucidar esta cuestión y evitar perjuicios significativos para el patrimonio público, propendiendo así a una gestión de la hacienda pública ejercida con arreglo a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, conforme lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 7103", manifiestó en su pedido, la legisladora de Propuesta Salteña. 

Con fecha 18 de diciembre pasado, la diputada Virginia Cornejo remitió una nota al gobernador Urtubey, en la que le solicitó normalizar la situación del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), poniendo fin a la intervención administrativa del Organismo, "cuya duración se ha prolongado por un tiempo muy superior al máximo establecido por el artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos". 

De acuerdo con la carta orgánica del IPSS, la dirección del mismo debe ser colegiada, a través de cinco directores entre los que se debe contar un representante de los afiliados y otro de los prestadores. 

Al respecto, la legisladora afirmó que "esta disposición no queda sujeta al ámbito de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sino que debe ser respetada si se pretende cumplir con el mandato constitucional de sujeción al orden jurídico", como establece el artículo 61 de la Constitución Provincial. 

Consideró también que "la continuidad sine die de una intervención administrativa no es otra cosa que una demostración de su ineficacia, dado que por su naturaleza la intervención es una medida provisoria y excepcional, orientada a la normalización de una entidad descentralizada en conflicto".