El International Budget Partnership (IBP), mediante una encuesta de presupuesto abierto, realizó una evaluación complementaria para medir la rendición de cuentas de los paquetes de política fiscal de emergencia implementados por 120 gobiernos entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2020.  Argentina se ubicó entre los países de transparencia limitada. 

El país aprobó la mayoría de sus medidas fiscales entre marzo y mayo del año pasado y, a su vez, varias fueron prorrogadas en los meses siguientes. Junto al organismo internacional, con sede en Washington, trabajó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) como socio local. Entre los puntos que se analizaron se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo, el Empleo y la Producción (ATP), “por tratarse de las políticas más importantes en términos de participación en el gasto público”, explicaron. 

Respecto a esto, el IFE representó el 75% del total de gasto social, mientras que el ATP significó el 63% del gasto en el sector privado y, en conjunto, completaron el 51% del total de las medidas implementadas en respuesta a la crisis con impacto presupuestario.

Rendición de cuentas limitada

Al igual que en otros 54 países, la rendición de cuentas de Argentina fue limitada. “La información publicada sobre los fundamentos de las estimaciones originales y el impacto en las y los beneficiarios del ATP y el IFE fue escasa, mientras que la vigilancia por parte del Poder Legislativo y las oportunidades de participación ciudadana en la definición y el monitoreo de dichas políticas fueron mínimas”, señala el documento. 

El informe indica que, en líneas generales, los gobiernos no gestionaron sus respuestas fiscales de manera transparente. De hecho hubo solo 4 gobiernos con niveles adecuados de rendición de cuentas, mientras que la mitad de las naciones omitieron al Poder Legislativo a la hora de aprobar las medidas.

Más del 60% de los países no proporcionaron suficiente información sobre los paquetes de ayuda implementados en la emergencia 

Además, más del 60% no proporcionaron suficiente información sobre los paquetes de ayuda implementados en la emergencia ni sobre el uso de procedimientos de adquisición simplificados, "lo que dificulta evaluar si los gobiernos obtienen una buena relación calidad-precio en la compra de equipos médicos u otros bienes y servicios”, remarcaron. 

El análisis de IBP también hace hincapié en lo débil que fue la transparencia a la hora informar el impacto de las políticas y en la participación ciudadana. Las personas más afectadas no tuvieron la posibilidad de tener voz en la toma de decisiones sobre las prioridades durante la pandemia y esto “le quita a los gobiernos la oportunidad de contar con contribuciones que podrían mejorar la efectividad de sus acciones”, remarcaron.

Desde ACIJ apuntaron que “la transparencia fiscal permite reducir los riesgos de corrupción y asegurar resultados más equitativos y efectivos en la inversión pública”. La organización formó parte de la evaluación y a la vez continúa reclamando que los Estados publiquen información adecuada y detallada sobre las ayudas socioeconómicas aprobadas en contexto de emergencia, profundicen la transparencia, generen canales alternativos de participación y permitan a la sociedad monitorear el avance de las acciones estatales.