AGN: Nuevos informes vinculados a la pandemia, viviendas sociales y ACUMAR

El Colegio de Auditores Generales de la Nación se reunió por segunda vez durante el mes de septiembre. El encuentro tuvo una modalidad mixta. Los auditores generales Javier Fernández y Graciela De la Rosa y el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, estuvieron en el Salón Eva Perón, mientras que Alejandro Nieva formó parte de manera virtual. 

Presenció la sesión, además, el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Janiel Ramírez Sánchez, junto a su equipo de trabajo. La visita se dio en el marco de una reunión entre las autoridades de ambos organismos de control en pos de intercambiar conocimientos sobre algunas herramientas institucionales de transparencia de la información.

Durante la jornada se aprobaron un total de nueve informes. Uno de ellos se trató de una auditoría referida a las políticas implementadas para el logro de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (pobreza), y mitigación del impacto del Covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género. Los organismos auditados fueron el ex Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y diciembre de 2021. 

El trabajo fue presentado por Graciela De la Rosa. La auditora general en primera instancia aclaró que se trató “del informe argentino elaborado en el marco de una auditoría general y coordinada en los términos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", cuya coordinación está a cargo de la AGN. 

En líneas generales, el informe argentino revela que “las políticas auditadas presentan coherencia en la selección de su población destinataria” y que fueron “etiquetadas con perspectiva de género en el Presupuesto 2021”. Entre las observaciones, De la Rosa manifestó que no se identificaron “objetivos intermedios”, lo que dificulta medir grados de avance. 

En ese sentido, la auditora general analizó - por fuera del informe - que en Argentina la línea de base de pobreza que se toma es del 30%. “Para 2030 deberíamos bajarla al 15%, pero nos falta mucho porque en vez de disminuir, la estamos aumentando”, lamentó De la Rosa.  

La propia De la Rosa fue la encargada, además, de presentar otro informe. Se trató del examen Especial Relevamiento y Análisis de Inversiones del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), en el marco de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), al 31/12/2021. 

Uno de los hallazgos de los auditores fue “la falta de concordancia entre la información del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y las planillas de inversiones PISA correspondientes a 2021”. Una vez presentado el trabajo, la auditora general pidió que se remita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los juzgados competentes. 

Más tarde se aprobó una auditoría de gestión del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, actual Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. La AGN analizó el “Programa 38 - Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano - Actividad 42 - Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales”, por el período comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2019. 

Alejandro Nieva presentó el informe y mencionó la merma de recursos que se destinan en el presupuesto para atender la demanda de viviendas sociales.“Se ve una considerable disminución en el monto asignado en comparación con el ejercicio anterior, incluso cuando las metas eran similares”, analizó el auditor general.

Entre las observaciones, Nieva hizo foco en el sistema de control interno del programa. “El sistema informático no cuenta con el historial completo de los expedientes de tramitación de acuerdos y no puede hacerse un seguimiento adecuado”, reveló.