El Gobierno nacional disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), según el Decreto 55/2025 publicado en el Boletín Oficial. Este organismo, creado por la Ley 26.993 en 2015, permitía a los consumidores acceder a una instancia de resolución de conflictos de manera rápida, gratuita y sin necesidad de recurrir a la justicia.

En diálogo con El Auditor.info, el especialista en derecho del consumidor Alejandro Bivort afirmó que “la disolución del COPREC afecta a todos los ciudadanos, no solo a los sectores más vulnerables”. Además, destacó que “permitía unir jurisdicciones muy lejanas de una forma fácil y virtual”.

“Una persona sin la necesidad de tener un abogado podía reclamarle de forma virtual y rápida a una empresa”.

El gobierno justificó el cierre del COPREC con el objetivo de mejorar la gestión de reclamos a nivel nacional. Sin embargo, Bivort cuestionó las cifras oficiales: "Mienten cuando dicen que se conciliaron 4.000 casos, se han conciliado hasta 30.000 en un año", aseguró.

El abogado subrayó que el COPREC se había convertido en una herramienta "eficaz" para resolver disputas entre consumidores y empresas sin necesidad de recurrir a instancias judiciales. "COPREC era muy eficiente y lograba un alto porcentaje de acuerdos", agregó.

"Una persona sin la necesidad de tener un abogado podía reclamarle de forma virtual y rápida a una empresa que inclusive se podía encontrar a muchísimos kilómetros de su casa", indicó el especialista. 

Si bien este mecanismo había sido diseñado para operar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la virtualidad "terminó siendo de índole nacional". Esto posibilitaba que un consumidor en el interior del país pudiera presentar un reclamo contra una empresa ubicada en otra provincia sin costos adicionales ni traslados.

¿Beneficio para las empresas?

Desde el Ejecutivo justificaron la disolución del COPREC con el argumento de que la medida busca "evitar la duplicación de competencias y facultades", "simplificar procesos administrativos", "reducir costos para proveedores y consumidores" y "mejorar la eficiencia en la gestión de reclamos".

Sin embargo, Bivort consideró que la eliminación del organismo “favorece a las empresas”, ya que "complica o pone trabas a la posibilidad del consumidor de llegar a la empresa tan fácilmente". Explicó que, a través del COPREC, las empresas sólo debían abonar los honorarios de los conciliadores en caso de acuerdo, y posteriormente una “minúscula” tasa de homologación, ambos montos regulados legalmente.

Alternativas tras la disolución

Con la eliminación del organismo, los consumidores deberán recurrir a otras instancias para gestionar sus reclamos. Bivort aclaró que "existen varios tipos de organismos de defensa al consumidor, algunos mejores que otros", aunque reconoció que el COPREC ofrecía "una conciliación virtual mucho mejor" que las oficinas municipales, en especial las del interior, donde "el proceso se dilata excesivamente".

"El proveedor es el que tiene el poder económico, el que tiene el poder de información, y el consumidor, lamentablemente, es el que no lo tiene y el que confía en el proveedor".

En CABA, la herramienta alternativa es el sistema Mi Reclamo, que forma parte de la Justicia de Consumo porteña. "Es un organismo muy bueno, creado hace un año y medio aproximadamente, que mejora lo que ya teníamos con COPREC, con una tecnología evolucionada", manifestó el especialista.

A nivel nacional, la opción es el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC), un mecanismo voluntario al que no todas las empresas adhieren. "Si bien es una alternativa útil, no es compatible con todos los reclamos que existen", señaló Bivort. 

Otras opciones incluyen los entes reguladores de servicios públicos, la mediación privada y las oficinas municipales de defensa del consumidor. No obstante, el abogado advirtió que la calidad del servicio en estas últimas "dependerá de cada municipio".

Pese a la eliminación del COPREC, las autoridades de defensa del consumidor seguirán operando en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Asimismo, algunas asociaciones de consumidores podrán ofrecer servicios de conciliación. Bivort destacó el caso de AdCoIn, una entidad de origen cordobés que permite "interponer reclamos y que también sirve como instancia válida antes de acudir a la Justicia".

Por otro lado, el especialista advirtió sobre la falta de información de los consumidores en materia de derechos y reclamos. "Existe una asimetría total entre las dos partes de las relaciones de consumo. El proveedor es el que tiene el poder económico, el que tiene el poder de información, y el consumidor, lamentablemente, es el que no lo tiene y el que confía en el proveedor". Según indicó, esto favorece los abusos empresariales y aumenta la necesidad de mayor difusión sobre los derechos de los consumidores.