Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) expone que a fin de enero de 2021 había 11.531 personas privadas de libertad en cárceles federales, y 537 detenidas en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el registro más alto desde abril de 2020, cuando comenzaron a utilizarse estas plazas para el alojamiento prolongado de individuos. Se trata de espacios de detención transitoria, para no más de 72 horas, que desde el inicio de la pandemia están colmados por largos períodos. 

“Los calabozos están llenos de presos, es un problema grave porque la policía no está preparada para cuidar personas detenidas y los distraen de su función, que es otra”, afirmó Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de La Nación.

La titular del Observatorio explicó a El Auditor.info que desde marzo de 2020 se aprobaron una serie de protocolos para afrontar el hacinamiento con respecto al aislamiento sanitario. “El tema más problemático que se presentó de entrada, y que sigue existiendo, es la cantidad de personas privadas de la libertad”, subrayó Monclús Masó. 

El documento muestra una estabilidad de la población encarcelada en el Servicio Penitenciario Federal desde hace más de 6 meses, luego del descenso producido en los primeros dos meses de la pandemia. Desde el Observatorio marcaron que en algunos países se redujo la población carcelaria mediante amnistías o indultos. En Argentina durante marzo y abril de 2020 los jueces revisaron en cada caso qué detenidos podían quedar en arresto domiciliario. 

“Hay un 95% de ocupación, un porcentaje muy elevado para garantizar el distanciamiento social”, puntualizó la directora del Observatorio de Cárceles Federales.  

Respecto a esta medida, la funcionaria destacó que no fue una liberación masiva, “el arresto domiciliario fue una solución, la mayoría de los casos fueron por delitos no violentos”. Aún así, las cárceles quedaron en un 95% de ocupación, que sigue siendo un porcentaje demasiado elevado para garantizar el distanciamiento social. “Sin embargo, se redujo al menos el hacinamiento que pudo ser muy peligroso”, continuó. Además, aclaró que los arrestos domiciliaros siempre existieron, la diferencia radica en que se aplicó con un criterio más amplio en el marco de la emergencia sanitaria. 

El texto informa que desde el inicio de la pandemia se han registrado un total de 556 personas contagiadas en cárceles federales (47 en enero de 2021) y 17 fallecimientos por COVID-19. Asimismo, se han contabilizado 129 que contrajeron el virus en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y 2 en centros socioeducativos del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la CABA.

La abogada remarcó que “el encarcelamiento no es un recurso ilimitado, dado que las plazas que hay en las cárceles son escasas y no se puede forzar el cupo, hay que respetarlo”. Agregó que la única solución es reducir la población carcelaria. “Cárcel que se construye es cárcel que se llena. El encarcelamiento nunca tiene límite”, concluyó Monclús Masó.

Desde la declaración de la emergencia sanitaria, las distintas cárceles que componen el sistema federal han sido monitoreadas por los equipos territoriales de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Los mismos realizaron visitas periódicas, comunicaciones telefónicas, pedidos de información e intervenciones judiciales y finalmente construyeron este nuevo reporte