Estudian estrategias para potenciar la participación ciudadana en la obra pública

Saber cuánto se gastó, en qué tiempo y qué se hizo con el dinero público es un derecho. La obra pública suele estar bajo el ojo de la tormenta y cualquier herramienta que pueda aportar mayor transparencia a la gestión es necesaria. Mediante un relevamiento de experiencias de participación ciudadana en diversos organismos, desde la Dirección de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de la Nación anunciaron la creación de un banco de datos que permita sistematizarlas y difundirlas. 

"El desafío radica en diseñar e impulsar una política común de participación y control ciudadano vinculada a la obra pública", señaló Roxana Mazzola, directora Nacional de Transparencia.

Los organismos analizados fueron la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIGEPPSE), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENHOSA), ACUMAR, Corredores Viales, y la Dirección Nacional de Vialidad. Los procedimientos utilizados para detectar los casos fueron entrevistas a los referentes designados como interlocutores por parte de los organismos, a una contraparte del proceso (siempre que eso fue posible) y análisis de fuentes secundarias. Desde la cartera nacional señalaron que el establecimiento de un método, estandarizado y consensuado de participación ciudadana es aún "una cuenta pendiente".

Entre las conclusiones del relevamiento destacaron la "heterogeneidad de formas" de participación ciudadana. Indicaron que registraron talleres o reuniones comunitarias, audiencias públicas, relevamientos, mesas de trabajo, consultas sectoriales, bocas de consulta y puerta a puerta en los distintos organismos. Por otra parte, resaltaron la importancia de los gobiernos locales como un "actores centrales" en implementación de los procesos. 

"El relevamiento permitió identificar que, si bien la mayoría de los organismos tienen procedimientos que administran con regularidad para cumplir con requerimientos y/o mejorar sus resultados, no hay una perspectiva común sobre el tipo de participación a promover. El desafío radica entonces en diseñar e impulsar una política común de participación y control ciudadano vinculada a la obra pública", señaló Roxana Mazzola, directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas ante El Auditor.info.

Mediante la generación del Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano, la funcionaria señaló que buscan poner en valor el trabajo que ya vienen realizando tanto en el Ministerio como en los organismos descentralizados y empresas y generar, además, un espacio de difusión y transferencia de conocimiento. "Las experiencias relevadas brindan contenido para diseñar una política común al interior del ministerio, que amplíe el alcance de la participación ciudadana en la Obra Pública y su institucionalización", sostuvo Mazzola.

Herramientas de participación

Desde la Dirección de Transparencia explicaron que el trabajo que realizan no está tan focalizado en cuestiones administrativas ni en las conductas personales de los funcionarios y la lucha contra la corrupción, sino más anclado en una gestión que incorpore nociones de gobierno abierto, rendición de cuentas y decisiones basadas en la evidencia, mediante un enfoque de derechos y brechas de infraestructura. 

En este sentido están desarrollando acciones como la puesta en marcha del Observatorio de la Obra Pública, que reúne a representantes de cámaras empresariales, sindicatos, universidades, asociaciones civiles. "Este espacio hace las veces de consejo consultivo, ya que aporta su experiencia y conocimiento a la formulación de políticas públicas", afirmó.

Además, el año pasado comenzó a funcionar un Mapa de Inversiones, una plataforma donde se encuentran cargadas 4.666 obras y 1.249 proyectos con el fin de que la ciudadanía pueda ver qué se está haciendo y en qué se invirtieron los recursos. Y se unificó la digitalización del área en el Sistema de Gestión de Obras (SGO) para contar con un sólo registro desde el inicio del proyecto hasta el cierre de la obra y una aplicación para la supervisión de obras públicas que combina la utilización de imágenes digitales, principalmente satelitales, de drones y de aplicaciones móviles, con el uso de sensores remotos y soluciones de inteligencia artificial.

"En todos estos casos menciono hubo que empezar de cero. El ministerio carecía totalmente de políticas de transparencia. Ni siquiera había un registro único de obras", manifestó Mazzola. 

Transparencia activa 

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) acaba de difundir el Índice de Transparencia de Empresas de Propiedad Estatal. Allí se concluyó que el promedio de desempeño en transparencia de las empresas de propiedad estatal fue de 42,5 puntos sobre 100 durante el año 2021. "El nivel general de desempeño en transparencia activa es bajo", sostuvo Paula Nuñez en nota con El Auditor.info.

Solo 2 de las 34 empresas analizadas publica las declaraciones patrimoniales integrales de su directorio y las actualiza. Una de cada seis tiene de forma disponible el presupuesto vigente desagregado, y solo dos de cada cinco tiene datos sobre las transferencias que recibe del Estado. El 56% de estas empresas no publica ninguna información sobre sus estados contables actualizados.

La transparencia en las contrataciones de la obra pública es una deuda histórica. La Ley de Acceso a la Infomación Pública (27.715) tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de informar, promover la participación ciudadana y transparentar la gestión. Para su efectivo cumplimiento, muchos otros proyectos desde todos los sectores políticos, se presentaron, como la propuesta de Transparencia en el Procedimiento de Contrataciones de la Obra Pública, de la diputada con mandato cumplido Brenda Austin (UCR), o el Transparencia en la Licitación Pública de Ana Carolina Gaillard (FdT), aunque ninguno de los dos finalmente fue sancionado.