El año pasado la diputada nacional Brenda Austin presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que busca establecer la participación ciudadana en los procesos de contrataciones deobra pública. “El modo de fortalecer la democracia es generar mecanismos de participación”, expresó Brenda Austin autora de la iniciativa.

“Esta herramienta busca romper con el velo de opacidad del estado en los procedimientos de compras y contrataciones, que están poco reglados y transparentes, y cuya información es poco accesible y no está disponible en formato amigable, lo que hace que termine siendo el espacio donde muchas veces se filtran los recursos de los ciudadanos”, explicó la legisladora.

En 2016 lo presentaron por primera vez. Según Austin, surgió debido a la preocupación que causaron los indicadores internacionales de medición de la corrupción en Argentina en aquel entonces, en los que se evidenciaba que "el manejo de la obra pública era un tema primordial a controlar”.

Participación y transparencia

El proyecto de Ley de Transparencia en el Procedimiento de Contrataciones de la Obra Pública tiene como objeto promover, viabilizar y asegurar la participación y el control ciudadano en las diferentes etapas de obra pública del país, como la planificación, los procesos de licitación y adjudicación, la ejecución y, por último, la evaluación de los resultados. 

Amparado en la ley 27.275, la iniciativa establece la publicación de información correspondiente a cada etapa, actualizada y en formatos abiertos. Por otro lado, obliga a realizar audiencias públicas un mes antes del inicio de los procedimientos de contratación y también durante la ejecución de la obra de ser necesario.

La propuesta busca, asimismo, que la confeccion de los pliegos sea participativa. “Notamos que muchas veces las licitaciones tienen requerimientos muy específicos para dirigir el resultado hacia la empresa a la que pretenden entregarle la obra, por eso necesitamos que haya involucramiento ciudadano en el armado de los pliegos”, expresó Austin.

 

El capítulo cinco del proyecto especifica la figura del “Pacto de integridad”, mediante la cual las partes se comprometen a tener una conducta íntegra durante todo el proceso y aceptan las sanciones establecidas en caso de incumplimiento.

“Encontramos que los ciudadanos no tienen legitimación activa para denunciar”, comentó Austin. En este sentido, el proyecto habilita a personas físicas o jurídicas a impugnar de manera gratuita actos que violen las normas, reconoce el derecho a participar como veedores de los procedimientos e insta a los organismos de control a garantizar las convocatorias a consulta ciudadana donde puedan presentar propuestas e información sobre potenciales objetos de control. 

Sobre el final, el texto establece la creación del Observatorio Ciudadano de la Obra Pública (OCOP), como una institución estatal, descentralizada, independiente y autárquica. Sus funciones serían vigilar procesos y proyectos de contratación, brindar asistencia técnica, fomentar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana. “Queremos sumar voces para seguir pensando en qué normas hacen falta mejorar o reforzar para que el Estado pueda invertir de una manera más eficaz”, afirmó la legisladora. 

“La corrupción mata porque el mal manejo de los fondos públicos hace que los ciudadanos terminen pagando con su vida en tragedias de distinto calibre”, señaló Austin.

“Cuando decimos que la corrupción mata es porque el mal manejo de los fondos públicos hace que los ciudadanos terminen pagando con su vida en tragedias de distinto calibre”, señaló Austin. “La participación y control ciudadano pueden marcar la diferencia en estos procesos. Esta iniciativa podría ser aplicada y replicada a nivel nacional generando una gran transformación”, alentó.

Según Austin, tanto en las obras grandes como en las chicas “los vecinos son los primeros que están monitoreando su cumplimiento y avances", y esto podría mejorar si se aprobara el proyecto. En este sentido, remarcó que el mismo es en "beneficio también del Estado, para que no pierda recursos”. Sobre el final, Austin explicó que la iniciativa se elaboró en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. “A lo largo de estos años logramos enriquecerlo con diferentes experiencias. Vamos a seguir insistiendo de tantos modos como sea posible, porque creemos que es una ley imprescindible”, finalizó la legisladora.