Existen numerosos desafíos que la pandemia pone sobre el tapete. Uno de ellos es la adecuación a la “nueva normalidad” de las de las organizaciones públicas en general y de los órganos de control en particular. Desde ya que se destacan esfuerzos por ajustar la mecánica gubernamental a los nuevos paradigmas, tales como turnos vía web, notificaciones electrónicas, procesos de digitalización. Sin embargo, aparecen como incipientes los esfuerzos por acercar los enunciados programáticos a una adecuada correspondencia con la ejecución operativa de la gestión.

En algunos casos, la pandemia parece haber operado como un retardador de procesos de acción cooperativa que incluyan al ciudadano con el fin de redundar en una mayor democratización de las sociedades, y elevar los niveles de confianza y legitimidad de las instituciones que ejercen el control de la hacienda pública.

Este escenario pone de relieve la necesidad de revigorizar la alianza estratégica que representa la participación ciudadana como una herramienta maestra, particularmente mediante las organizaciones de la sociedad civil, que pueden construir puentes de entendimientos de la actividad de control y en la generación de valor público.

En camino de afrontar el problema de la falta de participación resulta mucho más largo sin la contribución de los órganos de control para la construcción de una ciudadanía que permita un verdadero involucramiento en la cosa pública. Así, las universidades, los colegios profesionales y los centros de investigación pueden acercar al ciudadano de a pie un nuevo escenario de entendimiento de cuestiones que resultan muy técnicas. Para ello es necesario comprender que uno de los pilares de la gobernanza es la confianza en las instituciones y sus gobernantes a través de una adecuada rendición de cuentas. Allí está el sentido de esta alianza entre las organizaciones civiles y los organismos de control.

Lo que estamos postulando no es nuevo, sino que forma parte de la visión de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que concibe esta participación como “la acción colectiva a través del actuar cooperativo de los ciudadanos, y su impacto en una mayor democratización de las sociedades, en el cumplimiento de los fines del Estado elevando los niveles de confianza, legitimidad y credibilidad en las instituciones fiscalizadoras”.

Promovemos entonces un modelo de acercamiento cooperativo de actores con los cuales interactuar, en base a capacidades propias y competencias profesionales, generando un espacio de comunicación directa que habilite un trabajo complementario que redunde en elevar los niveles de confianza y legitimidad de los organismos de control y que a la vez evidencie el valor y beneficio que generará en la vida de los ciudadanos.

La manera de hacerlo dependerá del diseño de cada institución. Las herramientas pueden variar pero no tenemos que perder de vista es el sentido estratégico del beneficio de la participación ciudadana como parte del andamiaje democrático en la construcción de valor y fortalecimiento institucional.