La Oficina Anticorrupción (OA) presentó el Observatorio de Políticas de Integridad (OPI), un espacio de participación intersectorial e interinstitucional destinado a contribuir en el diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas sobre integridad y transparencia. 

El OPI estará conformado por organizaciones no gubernamentales cuyo objeto se relacione con las políticas anticorrupción, universidades y otras instituciones académicas. Serán parte representantes de cámaras, consejos profesionales u otras organizaciones del sector privado que, en el marco de sus actividades, se vinculen con el Estado Nacional. También se convocará a representantes de organismos públicos, así como otras instituciones o expertos en materia de prevención y lucha contra la corrupción, para temas específicos.

El Observatorio funcionará en el ámbito de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia y buscará fortalecer la articulación y sinergia entre los distintos organismos del Estado nacional, la sociedad civil y otras instituciones relevantes en esta materia.

Se trabajará en torno a cuatro ejes estratégicos que permitan la integración de diferentes miradas sobre las políticas que se aborden, a fin de enriquecerlas y volverlas operativas. Dos de los ejes estarán relacionados con políticas de integridad y transparencia en el sector público y en el sector privado; el tercero tendrá que ver con la difusión y formación; y por último, uno que aborde la articulación con provincias y municipios y con otros organismos e instituciones.

El Observatorio de Políticas de Integridad surgió en cumplimiento de la misión institucional de la Oficina Anticorrupción como ente rector en materia de integridad pública. La OA tiene a su cargo el diseño e implementación de políticas preventivas de la corrupción, a fin de trabajar conjunta y coordinadamente para la construcción de instituciones eficaces, íntegras y transparentes.

¿Qué es la Oficina Anticorrupción?

La Oficina Anticorrupción (OA) es un organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación cuya función es prevenir e investigar casos de corrupción en la Administración Pública Nacional en base a las consideraciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El ámbito de competencia de la OA es la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, las sociedades, empresas y cualquier ente público o privado con participación estatal o que administre recursos del Estado. Sin embargo, no puede efectuar investigaciones en el Poder Legislativo, ni en el Judicial y tampoco en los organismos de las administraciones provinciales y municipales.

Además, realiza tareas de prevención y capacitación, e interviene en la elaboración de normas y políticas públicas en la materia e investiga irregularidades y hechos de corrupción en todo el país. 

Ante la Oficina Anticorrupción, se pueden denunciar 18 tipos de irregularidades como sobornos, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, entre otros.