La Ley Olimpia es un proyecto creado para modificar la Ley 26.485, sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando de esta manera, la violencia digital como una forma de abuso. En una sesión celebrada el 5 de julio, la normativa obtuvo media sanción en Diputados y se espera su tratamiento en el Senado. 

“La violencia digital puede llevar a la depresión o a situaciones críticas de padecimiento mental”, aseguró Macha.

Se considera violencia digital a aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), e implica la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones sexistas, o que implique situación de acoso, amenaza, extorsión.

“Es clave incorporar esta modalidad porque tanto de forma doméstica, como de manera pública hay ataques sistemáticos”, ahondó Mónica Macha, diputada nacional del bloque Frente de Todos y autora del proyecto en comunicación con El Auditor.info.

Por amplia mayoría, los diputados dieron su respaldo al proyecto consensuado para la incorporación de la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las mujeres. En México, se aprobó este año la Ley Olimpia que surgió como consecuencia de la difusión de un video íntimo de la joven Olimpia Coral Melo, sin su consentimiento, a través de una red social por parte de su ex pareja.

Objetivos de la norma

Macha especificó que entre los objetivos del proyecto se anhela que las empresas de tecnología disminuyan los contenidos denunciados y que se fomenten políticas públicas orientadas a la educación digital. “La violencia digital causa mucho daño real sobre la subjetividad y forma de vida, en algunas oportunidades puede llevar a la depresión o a situaciones críticas de padecimiento mental”, manifestó la diputada sobre la necesidad de implementación del proyecto para resguardar la integridad de las víctimas.

“La violencia analógica tiene su correlato en la vida digital. Las redes sociales y entornos digitales no pueden ser lugares de inmunidad o de impunidad para quienes ejercen violencia por motivos de género”, enfatizó Macha.

En cuanto a la necesidad de avance legislativo en relación a las demandas actuales, precisó que en algunas oportunidades la sociedad va por delante de la legislación mientras que en otras, los marcos normativos promueven avances en la sociedad. 

"Estamos en el momento justo de evitar que la violencia digital se transforme en una deuda", profundizó Macha.  

"Estamos en el momento justo de evitar que la violencia digital se transforme en una deuda", profundizó Macha. A la vez, la autora del proyecto declaró que hay organizaciones y víctimas que reclaman la incorporación para que se evada la impunidad de la problemática.

En relación a la formación digital, ratificó que se debe avanzar en concientizar sobre la violencia digital. “Se puede empezar desde ahora mismo a capacitar nuevas generaciones con educación en la materia”, puntualizó.

“Antes que instancias de control, que por supuesto son necesarias, debemos pensar en instancias de prevención. Que los varones sepan que es un delito y genera un grave daño mandar una foto personal", finalizó Macha.

Marco Jurídico

La Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales fue promulgada el 1º de abril de 2009.

La normativa tiene como objetivo promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho a vivir una vida sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar cualquier manifestación y ámbito violento, el desarrollo de políticas públicas que ahonden la problemática, la remoción de patrones socioculturales que promuevan y sostengan la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, el acceso a la justicia y la asistencia integral para las víctimas.

Tal como lo indica el informe realizado por Amnistía Internacional Argentina “Corazones verdes: violencia online contra las mujeres durante el debate por el aborto en argentina" se identifica que:

  •  1 de cada 3 mujeres sufrió violencia en las redes sociales.
  • Un 26% de las víctimas recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual.
  • Un 59% fue objeto de mensajes sexuales y misóginos.
  • Un 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos.
  • Un 36% tuvo ataques de pánico, estrés o ansiedad.
  • Un 35% pérdida de autoestima o confianza.
  • Un 34% manifestó haber sentido miedo al salir.
  • Un 33% identificó haber atravesado un período de aislamiento psicológico.
  • El 45% manifestó usar menos esas redes sociales o haber dejado de usarlas (se autocensura)
  • El 70% de las mujeres implementó cambios en la forma en que usa las plataformas.
  • Durante el debate las encuestadas advirtieron que el lenguaje abusivo aumentó un 42%; las amenazas psicológicas de violencia sexual, un 12%; los comentarios racistas, un 14%; y los comentarios homofóbicos o transfóbicos, un 15%” 
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